Esta es una historia de los tiempos de vacas gordas y despilfarro. Uno de sus protagonistas, Rafael Soler Vert, ha estado allí donde el PP le ha necesitado. Ha sido gerente de Imelsa (la empresa emblema de la corrupción valenciana) dos veces, antes y después de Marcos Benavent, más conocido como el yonqui del dinero; ha sido delegado del Consell (de Francisco Camps) en València; ha sido alcalde de la Pobla Llarga de 2003 a 2015, y ahora es diputado provincial y miembro del consejo de administración de Divalterra, el nuevo nombre para intentar olvidar la vieja Imelsa. Un puñado (grande) de butacas (1.089) hace tiempo que le persiguen.

Ahora, un juez ha salvado a su ayuntamiento, el de la Pobla Llarga (gobernado desde 2015 por la socialista Neus Garrigues), de devolver el dinero que recibió de la Diputación de València para ese mobiliario, que nunca se instaló, pero ha animado en su sentencia a la institución provincial a actuar contra Soler y los responsables de la corporación que dieron el dinero al consistorio.

La historia viene de lejos. De julio de 2008. La diputación, entonces presidida por Alfonso Rus, concedió un convenio singular (esas adjudicaciones a dedo, graciosas, sin concurso, que podía hacer el presidente) a la Pobla Llarga para el equipamiento del Teatre Cinema Monterrey. Ascendía a 267.000 euros distribuidos en tres años (117.000 euros en 2008, 80.000 al año siguiente y 70.000 en 2010), que se pagaron religiosamente.

Buena parte de ese dinero era para las 1.089 butacas, además de una cantidad para el telón, el carril de este, el acondicionamiento acústico y los complementos de decoración.

Sin embargo, diez años después, el edificio está inacabado y solo una parte (e inservible) de aquel equipamiento está localizada. Es lo que se desprende del informe que realizó un técnico del Área de Cooperación Local de la Diputación, en manos de Emili Altur (Compromís), a finales de 2016, cuando el PP ya no gobernaba en la corporación, Rus ya había sido detenido y existía en los tribunales un caso Imelsa.

Entonces, se detectó que en la primera planta del local había 234 cajas cerradas (alguna abierta) con el material para 640 butacas, pero más tarde se comprobó que ni siquiera están completas, según el informe. Tienen respaldo, asiento y carcasa, pero faltan los pies con fijación al pavimento y los reposabrazos.

El resultado del «incumplimiento» del proyecto y la «incongruencia» de la documentación aportada fue la apertura en febrero de 2017 de un expediente contra el municipio de la Ribera de reintegro de la subvención concedida «y no ejecutada». La cantidad que la diputación reclama es de 185.800,93 euros, a la que en diciembre pasado sumó otros 60.120 euros en concepto de intereses de demora.

El ayuntamiento, que ya ha visto como la corporación provincial le retenía parte de la cantidad, recurrió en los tribunales y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de València le ha dado la razón recientemente.

En una sentencia fechada el 6 de julio, el juez considera que «la cuestión es absolutamente clara» y «procede anular» el expediente de reintegro «al haber prescrito la posibilidad de reintegro de las subvenciones concedidas». El plazo acabó a los cuatro años, considera en una resolución que no es firme.

En el contundente fallo, el magistrado asegura que la diputación no puede reclamar ahora el dinero a la Pobla Llarga, pero puede personarse en las diligencias abiertas en un juzgado de Alzira contra el anterior alcalde, Soler Vert, tras la denuncia del equipo de gobierno actual o puede actuar directamente contra él o contra Rus y otros altos cargos de la anterior corporación que aprobaron la cantidad y dieron por buena la justificación del gasto.

Este diario no logró contactar ayer con Soler Vert para conocer su versión sobre lo sucedido con el equipamiento del teatro. Mientras, el procedimiento judicial en Alzira está en fase de instrucción. En octubre está prevista la declaración del secretario.

Lo real es que el Monterrey continúa lejos de estar acabado diez años después de que el consistorio recibiera la aportación finalista de la diputación para su equipamiento. Actualmente, hay una dotación prevista del Consell para la obra hasta 2021.