«Pues tú sabrás si al paciente le pasa algo», «tú serás el responsable de lo que le pase al paciente» o «es tu obligación acudir a la asistencia domiciliaria». Estas son las «amenazas» y «coacciones» que algunos profesionales sanitarios han recibido desde el pasado 1 de agosto en varias áreas de salud para acudir a los avisos domiciliarios por sus propios medios, tras la retirada expresa en el nuevo contrato de las ambulancias del traslado de personal sanitario hasta los domicilios.
Al menos así lo recoge la denuncia presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por el sindicato médico Cesm-CV, el más representativo en el colectivo médico. Según el escrito, que ayer mismo tuvo registro de entrada, los empleados públicos estaban siendo «intimidados» para utilizar sus medios privados propios tras la retirada del uso de las ambulancias no medicalizadas (TNA) en áreas como la de Alicante-Sant Joan y Orihuela, sobre las que se centraliza la denuncia.
Según el secretario general del sindicato, Andrés Cánovas, se señalaban estas dos áreas por el «clamor» de los delegados sindicales, aunque la situación se puede haber dado en mayor o menor medida en todos los departamentos de salud que han tenido «carta blanca» para dar soluciones de un día para otro ante la falta de una solución global y consensuada por parte de la Conselleria de Sanidad.
En algunas áreas, sí se están utilizando vehículos con conductor de los que ya se disponía para hospitalización domiciliaria, por ejemplo. Sin embargo, en muchos otros, las gerencias han apostado por alquilar vehículos -y dejar que sean los profesionales los que conduzcan-, recurrir al servicio de taxis para evitarlo o, en el peor de los casos, dejar que sean los profesionales los que vayan a los avisos por sus propios medios compensándoles después el kilometraje.
Para el sindicato médico, las presiones que han recogido en algunas áreas para «imponer» esta última solución podrían suponer la comisión de hasta tres delitos: coacciones, prevaricación y contra los derechos de los trabajadores al incumplir la ley en Prevención de Riesgos Laborales y la propia Ley General de Sanidad que marca que la conselleria es la que tiene que poner los medios para que los profesionales (a los que no se les exige tener coche ni carné) trabajen.
Solución global
Sindicatos y profesionales llevan meses quejándose del problema que se iba a generar el pasado 1 de agosto con la puesta en marcha del nuevo contrato de las ambulancias y la retirada del servicio de traslados para el personal médico. La Conselleria de Sanidad viene defendiendo que los pliegos se han hecho respetando la ley que marca que«transporte sanitario» es en puridad solo el de enfermos y accidentados pero, en este tiempo, no se han ofertado soluciones satisfactorias.
Lo tuviera o no previsto, la administración está ahora obligada a darlas. Las denuncias presentadas en su día por el sindicato de enfermería Satse ante la Inspección de Trabajo surtieron efecto y el Consell tiene hasta septiembre para ofrecer una solución que no vulnere los derechos laborales del personal. La consellera Ana Barceló aseguró esta misma semana que se estaba trabajando en ello.
