La policía rescató ayer los historiales de los afectados por el cierre de las clínicas odontológicas del grupo iDental en la Comunitat Valenciana donde hay más de 20.000 afectados. La operación, ordenada por el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, se inició a las 10.30 horas en las clínicas de la calle Mariano Cuber de València, Alfafar, Alicante, Elx y Betxí donde se dieron cita, además de los cuerpos policiales, los inspectores de Sanidad con el objetivo de revisar los equipos clínicos y los materiales quirúrgicos con los que trabajaron los dentistas de iDental. Así lo anunció la consellera de Sanidad, Ana Barceló, tras reunirse con los afectados de iDental en la Comunitat Valenciana: «La Conselleria de Sanidad ha colaborado con el operativo policial que entró en las clínicas de iDental a través de la Dirección General de Alta Inspección», aseguró la consellera.

«Los inspectores de Sanidad van a custodiar los historiales clínicos que han interceptado con el fin de facilitar su acceso a los afectados una vez estén ordenados y digitalizados. Las personas afectadas podrán acceder a sus historiales en un centro que diremos más adelante en cada una de las tres provincias», avanzó Ana Barceló en la rueda de prensa. Una vez clasificados los historiales, toda la información será remitida a la Audiencia Nacional, que es quien ha ordenado que se abriesen las clínicas para obtener los historiales de los pacientes.

Del mismo modo, la Policía se personó en la sede madrileña de Weston Hill Capital, la sociedad de inversión que adquirió el grupo iDental en 2017 y que posee también la cadena de Institutos Odontológicos (IO). Tras el colapso de iDental el pasado octubre, esta sociedad se hizo con el 100% del grupo empresarial por 25 millones de euros con la finalidad de reflotar la sociedad, pero manteniendo el mismo modelo de negocio, explicó la Audiencia Nacional.

Asimismo, antes de los registros, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana solicitó al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que autorice la intervención de la documentación existente en las clínicas iDental, así como la entrega de copia de la documentación correspondiente a cada afectado que lo solicite. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, la asociación manifestó la necesidad «urgente» de que se intervenga la documentación para una actuación «rápida» ya que muchos afectados carecen de la documentación fundamental que facilitaría la evaluación de la situación de su tratamiento, conocer las intervenciones realizadas y poder continuar con dicho tratamiento odontológico.

Una afectada, en las inmediaciones de la clínica de Mariano Cuber de València, afirmó a Levante-EMV que «los afectados que han ido a Dentix para continuar el tratamiento que iDental dejó a medias se han encontrado con los mismos odontólogos que les realizaron el tratamiento anterior. Ahora, Dentix ofrece una solución más barata pero, a cambio, nos obliga a firmar un papel donde renunciamos denunciar a las financieras y a la empresa iDental». El presidente del Codecs y del Consejo Valenciano de Odontólogos y Estomatólogos, Victorino Aparici, aseguró que los protésicos dentales «no tienen la formación ni las competencias legales necesarias para atender clínicamente a los pacientes». Por ello, Aparici aseguró que cualquier protésico dental que trabaje directamente sobre la boca del paciente «está cometiendo un delito de intrusismo profesional», tipificado en el artículo 403 del Código Penal.

En la operación policial, además de los historiales clínicos, se llevaron discos duros, ordenadores y material clínico. La policía registró un total de 19 clínicas de iDental también entraron en Mallorca, Tarragona, Girona, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Almería, Cádiz, Málaga, Gijón, Madrid, Zaragoza y Murcia.