Rafael Blasco impulsó durante su etapa en la Conselleria de Territorio y Vivienda la constitución de 7 empresas mixtas para la construcción de viviendas protegidas. Las firmas tenían como objetivo promover la creación de 25.402 VPO. Blasco defendió entonces que la iniciativa había demostrado «su solvencia para promover vivienda protegida de nueva construcción». Sin embargo, la Comisión Europea abrió una investigación ante «el desmadre urbanístico fomentado por el propio Ivvsa». En 2008, la Comisión confirmó las irregularidades.
La empresa que investiga la juez es la única de las siete que la Generalitat ha podido auditar debido a que todas se creaban con un 49 % de capital público y por lo tanto eran mayoritariamente privadas. Desarrollos Urbanos para la vivienda Protegida S.L. también nació con un 49 % de capital público, pero su naturaleza cambió tras el 2 % que adquirió la Generalitat para alcanzar el 51 % y poder acceder a créditos del IVF.
La consellera de Vivienda, María José Salvador, apuntó que en cuanto llegaron a la Generalitat procedieron a liquidar las empresas mixtas promovidas por Blasco, entre ellas la que investiga a juez. «Los informes de la Intervención detectaron que se había producido un perjuicio de tres millones de los recursos públicos por una mala gestión de la empresa Desarrollos Urbanos. Nos vamos a personar en la causa para defender el interés público», aseguró la responsable de Vivienda.
El Consell instó el concurso de acreedores de Desarrollos Urbanos. El juzgado de lo Mercantil declaró la extinción de la sociedad mixta «después de que los socios privados se negaran a entregar la información original contable, fiscal y societaria», según la Generalitat.
