La titular del juzgado de Instrucción número 21 de València ha abierto una investigación para aclarar un presunto quebranto económico de cerca de tres millones de euros de una empresa creada por Rafael Blasco durante su paso por la Conselleria de Ordenación del Territorio y Vivienda. El Consell de Ximo Puig descubrió múltiples irregularidades en la gestión de la empresa mixta dependiente del Ivvsa «Desarrollos Urbanos para la vivienda Protegida S.L.» (DUPV) y llevó en 2016 el caso a la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal remitió el asunto al juzgado y la juez ha abierto diligencias previas al apreciar indicios de delito. La Generalitat se va a personar como acusación.
Según el relato de la denuncia que ahora investiga el juzgado, Desarrollos Urbanos para la Vivienda Protegida compró un solar en Alaquàs del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) sin desembolsar un euro, repartió dinero a manos llenas en contratos con empresas afines y familiares de los promotores privados, y nunca puso un ladrillo en el solar.
Las irregularidades que ahora va a investigar la magistrada parten desde el mismo momento en el que en 2004 el Ivvsa convocó a «empresas interesadas» en aportar suelo para construir viviendas en Orpesa, Vinaròs, El Puig, Massalfassar, Museros, Paterna, Pobla de Farnals, Catarroja y Vila-real y dio un plazo de 7 días para presentarse.
Ninguna de las compañías presentadas acreditó ser propietaria del suelo (debían aportar al menos el 25 %), pero el Ivvsa resolvió a favor de Urbana Ducat que controlaba el 51 % de la empresa mixta junto a otras dos firmas y la Generalitat se quedó con el 49 % restante. La firma mixta DUPV tenía a Rafael Blasco como presidente del consejo de administración y a Andrés Selma como secretario y miembro del consejo. Según denuncia el Consell, la celeridad y falta de transparencia en el procedimiento de selección de las empresas llegó a tal punto que tan solo transcurrieron 16 días entre el anuncio del DOCV y la firma de la escritura de constitución de la sociedad.
En 2006, el Ivvsa vendió a DUPV por tres millones de euros (pagados con un crédito puente) un solar de 6.000 metros cuadrados de su propiedad en Alaquàs sin el preceptivo trámite de publicidad y concurrencia por lo que no quedó garantizado que el precio se ajustaba «al valor de mercado».
Además, y con el objetivo de poder obtener el aval público de distintas operaciones crediticias a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el 23 de diciembre de 2010 la empresa Urbana Ducat vendió al Ivvsa un 2 %. Con la adquisición de participaciones de la empresa mixta, la Generalitat pasó a ser el accionista mayoritario (con el 51 %) con todas las obligaciones que ello comportaba.
Informe de la Intervención
Un informe emitido en 2015 por la Intervención de la Generalitat reveló que la empresa mixta no tuvo en ningún momento ni medios materiales ni personal propio y que toda la actividad la realizó el socio privado externo. Según la Intervención, no consta que ni el Ivvsa ni la Generalitat hubiesen realizado algún tipo de control. Además, se descubrió «lazos de parentesco» entre los administradores y propietarios de todas las mercantiles que habían participado desde el primer momento como socios. Es decir, que las empresas privadas de la sociedad presuntamente adjudicaban los trabajos a firmas con las que tenían vinculaciones.
La denuncia que presentó el Consell ante la Fiscalía incluyó a todos los equipos de Vivienda del PP. Aunque en ese momento la conselleria puntualizó que la identidad de los posibles responsables públicos tenía que ser determinada por el juzgado, estimó «prudente apuntar la identidad de quienes han sido en cada momento los representantes de la Generalitat a través del Ivvsa. El largo listado incluía nombres como el de Rafael Blasco, Esteban González Pons, María Ángeles Ureña y el fallecido José Ramón García Antón.
