Hay una especie de agujero negro en la fiscalización de los gastos de las Corts Valencianes que inquieta a la Sindicatura de Comptes. En el informe que el Síndic Major, Vicent Cucarella, acaba de enviar al Parlamento valenciano relativo al último ejercicio fiscalizado, y que aún está en fase de borrador porque la cámara tiene que hacer alegaciones, el inspector de las cuentas públicas pone el foco en la falta de control en las dietas que se abonan a los diputados por kilometraje en función de su lugar de residencia.
Cucarella quiere poner la lupa para que ningún euro escape a su control. Por eso ve necesario que los diputados justifiquen con su firma todos y cada uno de los desplazamientos que realizan para asistir a la cámara (lo que actualmente no ocurre) o que aporten documentación acreditativa si se desplazan en transporte público con recibos de bus, tren o metro. Es decir, que exista documentación para poderla fiscalizar.
Lo que ocurre en la actualidad es que nadie justifica los desplazamientos sino que se supone que los diputados acuden a las Corts desde el municipio en el que están empadronados (solo se exige a principio de legislatura un certificado de empadronamiento) por lo que es imposible fiscalizar las dietas que se pagan.
Si existiera documentación acreditativa, como reclama el Síndic de Comptes, se evitaría el descontrol actual que impide que la Intervención de las Corts o el síndic puedan controlar si los diputados realizan de verdad los desplazamientos hasta sus municipios de origen (al menos los parlamentarios tendrían que dar fe con su firma) por los que reciben importantes cantidades. Fuentes parlamentarias admiten que diputados empadronados en otros municipios tienen vivienda en València pero siguen cobrando las dietas. También existe la práctica de desplazarse varios en un mismo vehículo a València y que todos ellos cobren el kilometraje cuando debería hacerlo uno solo. También el caso de diputados que se alojan en casas de familiares, pero cobran el plus por kilometraje hasta el lugar donde están empadronados. Además, se da la circunstancia de que los parlamentarios ya cobran por otra vía cantidades fijas mensuales en función de su residencia que oscilan entre los 294 euros para quienes tienen residencia a menos de 10 kilómetros y los 882 de los que viven a más de 100 kilómetros.
Ante ese descontrol, en el documento remitido a las Corts, el Síndic de Comptes deja claro que es necesario un reglamento que regule esta cuestión, pero sobre todo la existencia de documentación acreditativa de los desplazamientos, que no existe. Otros parlamentos, como el de Galicia, ya obligan a firmar a los diputados un escrito con su firma en el que declaran haber realizado el desplazamiento, algo que en las Corts no ocurre ya que cuando fichan a su llegada se les abona directamente la dieta sin que exista documentación que lo acredite.
No es la primera vez que el Síndic de Comptes alerta sobre esta situación de las dietas por kilometraje. De hecho, cada vez que lo hace, los grupos políticos con presencia en la Cámara se juramentan para alcanzar una solución que facilite la transparencia en estos gastos, pero esas intenciones siempre se desvanecen. Por eso, el debate de los kilometrajes es cíclico, aunque en los tres años de mayoría de izquierdas en la cámara no se ha podido mejorar esa mayor transparencia que reclama el Síndic de Comptes cada vez con mayor énfasis.
De los datos publicados por las Corts en su portal de transparencia se deduce que los diputados que más dietas perciben son los que proceden de Alicante. De los dos últimos meses fiscalizados los que más dietas han cobrado son el popular Juan de Dios Navarro y Marian Campello (Compromís). Ambos se desplazan desde Elx. También la tercera en la lista de dietas, la socialista Toñi Serna procede de Elx.
Además, en las Corts ocurre que los diputados cobran el kilometraje a 0,32 euros y sin tener que hacer liquidación mientras que, por ejemplo, en la Administración de la Generalitat se paga a 0,19 y deben realizarla.
Gastos opacos de los partidos
Vuelve a ocurrir lo mismo con los gastos que los partidos reciben para su funcionamiento. El Síndic de Comptes recomienda más control y transparencia. A principios de año los partidos no lograron un acuerdo para hacer públicos todos sus gastos por lo que siguen sin fiscalizar los 3,3 millones anuales que abona la Cámara para su funcionamiento. Siempre que este tema sale a la palestra los grupos ofrecen buenas palabras pero ningún avance.
