Los bomberos forestales convocaron ayer movilizaciones y una huelga indefinida a partir del 7 de septiembre para protestar por el «incumplimiento» de la subida salarial que debía haberse hecho efectiva en julio. Según pudo saber este diario, el bloqueo tiene su origen en el Ministerio de Agricultura, dirigido por el valenciano Luis Planas, cartera a la que está suscrita la empresa pública Tragsa que emplea a los bomberos forestales.
Al menos, hasta ahora, porque está acordada la subrogación del cuerpo de emergencias por parte de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, lo que enrevesa aún más la situación. La subida del sueldo, que los delegados sindicales de UGT y CC OO insistieron en calificar como «modificación salarial», viene dada porque tras dos años de negociaciones, se amplió el servicio que prestaban.
Además de atender los incendios forestales, también ayudarían en las labores de emergencias en el medio rural. Así se acordó en noviembre de 2017 por parte de Tragsa, que depende del Ministerio de Agricultura, y de la Generalitat, quien asume los costes económicos.
La SEPI dio el visto bueno
Una vez establecidas las nuevas funciones y con el marco retributivo acordado con la Generalitat, quien modificó su presupuesto general para costear el incremento salarial, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, donde se integra Tragsa y dependiente del Ministerio de Hacienda, dio el visto bueno. Según confirmaron ayer fuentes de la Conselleria de Hacienda, el ministerio de Montero no ha puesto ningún obstáculo a dicha subida del salario porque contempla la desviación del 0,2% del déficit para este capítulo de gastos.
Según las mismas fuentes, que mantuvieron el contacto con sendos ministerios, aseguraron que es Agricultura quien alega que la subida salarial podría generar un «efecto llamada» en el resto de servicios de emergencias que a través de Tragsa trabajan en otras comunidades autónomas, pese a que tanto UGT como CC OO indicaron que la negativa llegaba desde Hacienda. Lo cierto es que el aumento del sueldo estaba pactado para ejecutarse a partir del 30 de julio y no solo no se ha producido sino que parece que se va a demorar más de lo esperado.
Por ello, el 24 de agosto y el 6 de septiembre se han convocado concentraciones frente a la sede valenciana de Tragsa y a partir del día 7 han convocado una huelga indefinida. El paro se ha hecho coincidir con el día en que se hará efectiva la entrada del nuevo director de Tragsa, Jesús Casas Grande.
Mientras, esperarán a que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias haga efectiva la subrogación de los bomberos, cuyo plazo termina el 30 de noviembre tal como marca la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Generalitat. La plantilla cuenta con un total de 800 profesionales.
Las tres acciones reivindicativas se enmarcan dentro del periodo de riesgo alto de incendios, lo que presiona a todas las instituciones implicadas en los acuerdos con los bomberos forestales para mover ficha y salir del atolladero, aunque el delegado de UGT en la empresa, Roberto Caballero, garantizó que se prestarán los servicios mínimos.
Todo ello en el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se interesó por el estado del incendio de Lluxent a través de una llamada al President Ximo Puig. Así lo publicó en las redes sociales, donde mostró su reconocimiento «a los efectivos que trabajan en su extinción», que en el caso de los bomberos forestales llegan a los 90 profesionales desplazados.
Un aumento del 30 % del sueldo
La modificación salarial a la que se hace referencia en el acuerdo implica un aumento del 30% del sueldo. La cifra, como reconoció el delegado sindical de CC OO, Antonio Criado, puede parecer sustancial, pero la retribución media de un bombero se encuentra alrededor de los mil euros, con un complemento salarial de cien euros en la época estival. El aumento del sueldo va aparejado al aumento de las responsabilidades que asumieron desde enero.
Además, Criado recordó que no solo se bloquea el incremento salarial, sino que con el veto a cumplir el acuerdo por Agricultura, se bloquea también otras iniciativa como que los empleados mayores de 60 años no participen en las tareas de extinción del fuego en primera línea.
