A Juan Díez aún le tiembla la voz mientras enseña su casa. Es uno de los vecinos de la urbanización Montepino de Marxuquera (Gandia) que no puede volver a habitar el chalet donde reside todo el año, situado muy cerca del Barranc de Beniopa, la prolongación del Barranc de Borrell por donde entraron las llamas la noche del 7 de agosto.

Su jardín quedó totalmente arrasado, «como si hubiera habido una guerra». Del chalet apenas queda nada en la planta baja. En la planta superior, aún se conservan muebles, incluso libros, algunos cuadros ahumados. «No sé si vamos a poder conservar la estructura», lamenta. Díez y su familia, cinco miembros en total, se alojan ahora en uno de los apartamentos de la playa que facilita el Ayuntamiento de Gandia.

«Es un apartamento básico», explica, «pero ni siquiera son municipales como nos dijo el ayuntamiento, los ha cedido un vecino de Marxuquera», comenta indignado. Díez es uno de los promotores de la asociación que se constituirá próximamente «para hacer un frente común y defender nuestros intereses». Es muy crítico con el operativo desplegado durante el incendio forestal y con el ayuntamiento, y ya ha anunciado que van a interponer denuncias por la vía penal para exigir responsabilidades.

Unos metros más al este, Lola Martín, la presidenta de la comunidad de vecinos de Montepino, nos enseña su casa. «Es para llorar», advierte al mostrar el paisaje que le rodea.

«Hemos tenido suerte»

Su casa apenas sufrió los efectos del fuego. El interior está bien, y la terraza que hace de mirador está intacta, a pesar de que algunos cipreses que, junto a la valla,protegían la vivienda de miradas ajenas, están completamente chamuscados. «Fíjate qué suerte hemos tenido, no me quejo, la verdad». Solo han tenido que apuntalar una pequeña construcción complementaria a la casa.

Martín y su familia se alojaron en casa de unos amigos mientras se mantenía la prohibición de acceso por motivos de seguridad, pero anteayer ya pasaron la noche en Marxuquera. «No he podido dormir en toda la noche», dice, mientras su marido llega cargado con botellas de agua mineral. En algunas viviendas todavía no hay agua ni luz. «El fuego y el calor ha estropeado todas las tuberías de la urbanización», explica. Desde que se retiró la alerta nivel 2, el ayuntamiento permite a los vecinos volver a sus propiedades si estas cumplen condiciones de habitalidad, «pero aconsejamos que hagan todas las comprobaciones posibles con técnicos acreditados», señala José Manuel Prieto, portavoz del gobierno local.

En la tarde de ayer, apenas si había movimiento en Montepino y Montesol, la otra urbanización afectada por el incendio forestal. Solo un goteo de personas que accedían con sus vehículos a las urbanizaciones, vigiladas por agentes de seguridad privada.

Falta de limpieza en el monte

Martín asegura que solicitaron en numerosas ocasiones «que limpiaran el barranco y el monte, pero como no nos hacían caso, desde 2010 ya no lo hemos pedido». «Los de Montesol tenían ahorrados unos 20.000 euros para abrir un cortafuegos, pero no les dejaron hacerlo», añade.

Martín, como presidenta de Montepino, va a dar todo su apoyo a Díez y al resto de vecinos que critica la gestión de la emergencia. «No lo hago por mí, lo hago por esta pobre gente que se ha quedado sin nada».

Por otra parte, el Colegio de Biólogos de la Comunitat Valenciana solicitó ayer a las Corts Valencianes que la nueva Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje «contemple la necesidad de redactar medidas de prevención de incendios en los denominados Núcleos de Prevención de Impactos, que pretenden ser la solución a las urbanizaciones que aun hoy están fuera de la ordenación urbanística».