En España hay 375.000 menores de 16 años en situación de carencia severa, y 2,1 millones de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión. En la Comunitat Valenciana son más de 260.000, lo que supone un 33,1% del total de la población infantil, según los últimos datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE). Son cifras que ya sabe de memoria María Luisa Carcedo, Alta Comisionada de Lucha contra la Pobreza Infantil en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.
Aunque no se trata de un departamento con partida presupuestaria propia, ya ha hecho sus primeros deberes: impulsar con una partida de diez millones de euros el llamado plan Veca (Vacaciones Escolares Continuar Aprendiendo), que sirve para reforzar iniciativas de ocio, campamentos y actividades promovidas por ayuntamientos y comunidades autónomas con el fin de evitar que las vacaciones de verano se convierta en un período de necesidades más acuciantes para los niños que se quedan sin becas de comedor por el fin de las clases.
¿La pobreza infantil es un asunto de Estado en la España de 2018?
La pobreza es un problema estructural de la sociedad española. Su importancia va más allá de que afecte a un determinado porcentaje de la población y de los niños porque sus efectos se extienden al conjunto de la sociedad. Supone una pérdida de oportunidades, talento y capacidades, alcanza a parámetros como la pérdida de salud y la seguridad ciudadana. En Estados Unidos, donde miden todo, han cifrado el impacto económico y calculan el coste de la pobreza infantil en el 5,4% del Producto Interior Bruto.
¿Cuál es la misión de su comisionado y los retos que tiene por delante?
Pensar en este problema, buscar soluciones y hacer propuestas. Es necesario analizar el origen. No se trata sólo de pensar solo en atención a los niños que sufren esta situación, sino de combatir las situaciones de carencia en su origen para evitarlas o prevenirlas.
¿Un problema tan transversal hace más difícil concretar medidas de respuesta?
Claro. El problema se ha hecho más agudo porque se incrementó mucho la desigualdad con la crisis. Y ello es debido a varios factores. Existe mucha más precariedad laboral, hay más desprotección por el desempleo y los recortes en la protección social afectan más a estas poblaciones, como por ejemplo la postergación de programas para prevenir el abandono escolar o de las partidas para las escuelas de hasta tres años. Hay que reforzar las becas para que las razones económicas no sean causa de abandono escolar. La excelencia está muy bien, pero tiene que ser oportunidad para todos, no para unos pocos.
El primer paso ha sido ampliar los recursos para cubrir el vacío que muchos niños sufren en verano.
Sí. El principal valor del programa Veca ha sido poner en la agenda política un problema que se venía produciendo verano tras verano. Una organización de infancia con la que estuve reunida hace dos semanas me dijo: «Los derechos de los niños no toman vacaciones». Este programa tiene como objetivo garantizar el bienestar más básico, como el acceso a una alimentación sana y equilibrada, y el derecho al ocio educativo y la cultura. El aprendizaje del verano es informal pero muy efectivo y a estos niños les estaba vedado.
¿Al no tener competencias directas por esa transversalidad es más complicado sacar adelante planes que, a fin de cuentas, requieren partidas presupuestarias?
Bueno, requiere mucha coordinación pero el hecho de que dependa directamente del presidente del Gobierno compensa un poco esas dificultades. Se trata de un interés estratégico del Gobierno.
¿Tendrá entonces capacidad para influir en los presupuestos?
Los presupuestos son del Gobierno en su conjunto. Este comisionado no tiene presupuesto
