La primavera de 2007 y bajo gobierno del socialista Jose Luis Rodríguez Zapatero, España alumbró un ley considerada histórica ya que, por primera vez, se legislaba de forma específica para hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y hombres. La norma, que buscaba acabar con la discriminación por razón de sexo en todos los aspectos de la vida pública y privada, fue un auténtico revulsivo para la causa feminista, al tiempo que generó todo tipo de expectativas sobre cómo paliar las situaciones de desigualdad que sufren las mujeres.
La imagen de la huelga de mujeres del pasado ocho de marzo, con decenas de miles de personas en las calles clamando por sus derechos, evidencia que una ley, por innovadora que sea, resulta insuficiente para acabar con siglos de patriarcado y machismo institucional. Ahora bien, ¿fue efectiva la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI)? ¿En qué se ha avanzado y en qué retrocedido? ¿Hay margen de mejora?
Cumplida ya una década desde la aprobación de la ley, dos juristas de la Universitat Jaume I de Castelló, la profesora de Derecho Constitucional y miembro del Consell Jurídic Consultiu, Asunción Ventura, y el profesor del Derecho del Trabajo, Santiago García Campá, han intentado dar respuesta a estas y otras preguntas y han abordado la ingente tarea de evaluar una ley que fue pionera, pero de dudosa eficacia.
El resultado es una obra de más de mil páginas en la que han participado una treintena de especialistas en Derecho, muchas adscritas a universidades de la Comunitat Valenciana, y en la que, desde una óptica jurídica, se examina la aplicación de la ley.
Como en todo balance hay luces y sombras. Se trata de diez años en los que la presencia de mujeres ha aumentado en los parlamentos, universidades y en los puestos directivos, pero también un decenio en el que se han disparado las cifras de la violencia de género (166.620 denuncias en 2017) y en el que los estereotipos de género, cuando no la cosificación de la mujer, son el pan de cada día.
Los propios Ventura y García (coordinadores de la obra) admiten en la presentación cómo los hitos incorporados en la ley (definición legal de la igualdad de trato y de las discriminaciones directas e indirectas, los planes de igualdad, las listas electorales con presencia equilibrada, etc...) despertaron «una ilusión renovada» en una tutela más intensa y extensa del derecho a la igualdad.
«La impresión cambia por completo diez años después», concluyen. Así, aprecian notables retrasos en su aplicación, incumplimientos relevantes en su desarrollo reglamentario, insuficiencia crónica en la dotación presupuestaria y «notables resistencias» a la hora de considerar la igualdad efectiva como principio informador del ordenamiento jurídico o en el desarrollo de informes de género o protocolos contra el acoso sexual.
«Resultado decepcionante».
Los autores hablan de «un resultado «decepcionante tanto en términos jurídicos como sociales». Buena parte de este fracaso derivaría del hecho de que la LOI carece de eficacia jurídica vinculante (es decir, no obligan a nadie). No obstante, los autores consideran que es una norma de «derecho puro», es decir, de desarrollo constitucional del derecho a la igualdad por lo que la definen como una norma transitoria hasta una futura reforma constitucional. Así, abogan por un nuevo texto que incorpore varios de los preceptos de la LOI.
Lo que sigue es un resumen de algunas de las cuestiones abordadas en esta obra.
Presencia equilibrada
Más mujeres en política pero liderazgo «masculinizado»
La profesora honoraria de Derecho Constitucional de la Universidad de València, Julia Sevilla, es la encargada de examinar la repercusión en estos diez años del principio de presencia equilibrada recogido en la LOI y en virtud del cual, entre otras cuestiones, se obliga a que en las listas electorales ambos sexos tengan como mínimo un 40 % de representación. Este principio supuso «uno de los grandes hitos» de la ley, aunque generó controversia (el PP la recurrió). El resultado fue un incremento de las mujeres en la mayoría de parlamentos y municipios, pero no en otras áreas de poder, ni siquiera en el político, «especialmente masculinado». Sevilla valora que, por contra, sí se ha generado una cultura política que «trasciende» al marco legal que lleva a que socialmente se cuestione la ausencia de mujeres en las áreas de poder y señala leyes como la aprobada por las Corts sobre la paridad en los entes estatutarios.
Educación
Dispersión normativa y «levedad» en la aplicación
Nieves Saldaña (Universidad de Huelva) lamenta que la dispersión normativa que afecta a la educación para la igualdad (la competencia además está transferida a las comunidades autonómas) ha restado efectividad a las previsiones recogidas en la LOI para proyectar la igualdad en todos los niveles del sistema educativo. La autora habla de «levedad» en la aplicación de los mandatos y aboga por una reforma de la ley en la que de forma específica se establezca la hoja de ruta para implantar la igualdad en la educación en todos los niveles educativos, incluido el universitario. Reclama un plan estratégico e indicadores concretos para seguimiento y control tanto en el ámbito estatal como autonómico.
La salud y las mujeres
Seis medidas para la perspectiva de género en la Sanidad
La LOI incorporó toda una serie de preceptos para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas de salud. Al ser una competencia tranferida a las comunidades, la incorporación de esta visión a las políticas asistenciales ha sido desigual. La intensidad de los programas específicos de salud ha ido por barrios y, en todo caso, la propia «inercia» de las políticas públicas y la crisis con las políticas de recortes sociales han contribuido a un insuficiente desarrollo de las políticas de salud. Vicenta Tasa (profesora de Derecho de la Universitat de València) propone seis medidas prioritarias para aplicar la perspectiva de género a las políticas de salud: programas de formación a profesionales, un catálogo de enfermedades específicas de las mujeres, prevención de la salud, apoyo a la investigación, indicadores y encuestas sociosanitarias y análisis de la presencia de hombres y mujeres en los órganos directivos de los sistemas sanitarios.
Medios de comunicación
Voluntarismo y falta de una auténtica concienciación
La catedrática Rosario Tur (Universidad de Elx) hace un llamamiento a los medios de comunicación, a los que considera «un potentísimo contrapoder» y piezas imprescindibles del sistema, para generar una opinión libre y libre de prejuicios de género. La catedrática reconoce el esfuerzo realizado (planes de igualdad en las empresas para corregir discriminaciones, políticas de conciliación, mecanismos para introducir la perspectiva de género en las noticias), si bien considera que este impulso es «desigual, parcial y descoordinado». «Los resultados dependen en exceso del voluntarismo de concretos sujetos al tiempo que falta una auténtica sensibilización y concienciación en el sector», afirma.
Política de vivienda
El ejemplo «incipiente» de la Comunitat Valenciana
Inés Sánchez de Madariaga (Directora de la Cátedra de la Uniesco de Políticas de Igualdad de Género) califica de «incipiente» la aplicación de la igualdad en el ámbito de la arquitectura y la vivienda. La arquitecta considera que sólo en el País Vasco ha habido en este sector una política sistemática y amplia en materia de género y con independencia del partido político que gobierne. Madariaga cita la experiencia de la Generalitat a partir de 2016 (con la llegada del Botànci) y destaca el número de iniciativas puestas en marcha por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) dependiente de la Conselleria de Vivienda. Destaca la actuaciones dirigidas a sensibilizar y generar conocimiento. Entre sus recomendaciones para avanzar, está el incremento de la regulación, proyectos pilotos y actuaciones estructurales.
La conciliación
La asignatura pendiente de la equidad en el día a día
Nuria Reche (profesora asociada de la Miguel Hernández de Elx) aborda el análisis sobre la evolución normativa y la jurisprudencia en torno a los derechos de conciliación de la vida personal y laboral en estos diez años. Reche alerta de que «en no pocas ocasiones» se ha terminado ayudando a consolidar las situaciones que precisamente se debía combatir y apunta, por ejemplo, a la vinculación exclusiva de la conciliación con la maternidad. Para la profesora las disposiciones de la LOI en materia de conciliación introdujeron un cambio de paradigma que buscaba alterar los roles tradicionales de género, pero habla de retroceso por la falta de implicación del legislador y en la negociación colectiva. En el debe, apunta el aplazamiento durante siete años de la ampliación de paternidad y aboga por el desarrollo de permisos parentales iguales, pagados e intransferibles. Considera que la conciliación no puede ceñirse al hecho del nacimiento ya que las necesidades personales y familiares pueden estar presente a lo largo de toda la vida. Vincularlas al nacimiento es una manera de concebir la corresponsabilidad de forma «restrictiva y feminizada».
Los planes de igualdad
Una obligación reconvertida en declaración de intenciones
La LOI impone a las empresas la obligación de garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres y, en el caso de que su plantilla fuera superarior a 250 personas, debía aprobar un plan de igualdad. Gemma Fabregat (Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universitat de València) apunta que la negociación colectiva (la herramienta básica para implantar medidas de igualdad) no ha sido la «panacea». En el ámbito de las administraciones públicas se está siendo más exhaustivo, pero en el ámbito privado los planes de igualdad resultan ser una «declaración de intenciones». De su análisis concluye que la mayoría de los planes se centran en reconocer medidas de conciliación o protectoras en caso de acoso sexual, por lo que anima a seguir trabajando para que las actuaciones en el ámbito laboral abarquen todo el proceso: desde la selección y medidas de tracto sucesivo.
El mundode la justicia
Más mujeres en la carrera, pero sin paridad en la cúpula judicial
Inmaculada Montalbán (magistrada del TSJ de Andalucía) concluye que los 10 años transcurridos no han servicio para reducir la desigualdad de género en el ámbito judicial. La jurista piensa que se necesitan medidas de acción positiva si se quiere avanzar en una democracia de mayor calidad con un poder judicial en el que estén presentes mujeres y hombres en los espacios relevantes de toma de decisión. La experta valora la mayoritaria incorporación de las mujeres a la carrera judicial, pero lamenta que no se han conseguido nombramientos paritarios en la cúpula.
