En materia de inspección del estado de las viviendas, la Comunitat Valenciana suspende el examen. Según datos de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, 443.780 edificios plurifamiliares de más de 50 años todavía no cuentan con el Informe de Evaluación de Edificios (IEE), a pesar de la reciente entrada en vigor a principios de este mes del decreto que regula la realización del mismo, así como su registro en el ámbito autonómico.
Esta documentación refleja la información del estado de los edificios analizados basándose en tres ámbitos: conservación del inmueble, evaluación energética y condiciones de accesibilidad. Directrices que ya se recogían en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup). Esta normativa autonómica ya decretó en su artículo 180 la «obligación de promover un informe de evaluación» sobre el estado de los inmuebles de uso residencial de más de 50 años.
La obligatoriedad en el control y revisión periódica de las viviendas más antiguas no es, por tanto, una imposición nueva. Dos leyes estatales -de 1994 y 2015-, así como diversos decretos autonómicos -de 2006, 2009 y 2011- ya establecieron mecanismos de regulación para el conocimiento del estado de conservación del parque de viviendas. Pese a ello, tan solo aproximadamente 8.000 de los edificios requeridos cuenta con este informe. «No establecemos la obligatoriedad al regular la tramitación de los informes, hacemos que estos estén más controlados», aseguran desde la Conselleria de Vivienda.
La particularidad que presenta el nuevo decreto frente a la normativa ya existente es la regulación de lo que coloquialmente se conoce como la «ITV» de los edificios, así como su tramitación y registro oficial. Estos informes deben realizarse por técnicos competentes, como aparejadores y arquitectos, que actúan por encargo del propietario o comunidad de propietarios del edificio, que son los encargados de solicitarlo y los que asumen su coste económico. Este oscila entre los 300 y 1.000 euros en función del número de viviendas y de la superficie del inmueble.
A través del IEE, que tendrá una validez de diez años, se pueden advertir las deficiencias constructivas y de seguridad de los edificios y plantear las acciones necesarias para mantener su estado de conservación. Tras finalizar ese plazo, los propietarios deberán presentar un nuevo informe en el registro. Hecho de especial relevancia, pues según el arquitecto Rafa Rivera, el IEE permite «subrayar lo que significa ser propietario». Para este colegiado, «cuando eres propietario tienes que ser responsable y garantizar el estado de conservación de tu inmueble», hecho que afirma «se ha olvidado mucho».
Y es que, 239.541 inmuebles de uso familiar en València actualmente no cuentan con el citado informe y podrían enfrentarse a sanciones o multas de hasta 6.000 euros, dependiendo de las ordenanzas municipales, al incurrir en una infracción urbanística.
Como dice el refrán, «nunca es tarde para bien hacer, haz hoy lo que no hiciste ayer». El plazo límite de presentación y registro del IEE se prolonga hasta finales del año siguiente al cumplimiento del 50 aniversario del edificio. Es decir, si su inmueble alcanza en 2018 los 50 años de antigüedad, podrá solicitar y tramitar el informe hasta el 31 de diciembre de 2019.
Una ley que no se cumple
Pese a la obligatoriedad de tener el IEE, y a pesar de que la primera norma estatal que exige este control tiene más de 20 años, la conselleria estima que el 90 % de los inmuebles de uso residencial con más de 50 años en la Comunitat Valenciana aún no cuentan con él. «En los últimos meses solo he hecho un IEE y era la primera vez que lo hacía», confiesa Rafa Rivera.
