Alicante, uno de los territorios con mayor riesgo sísmico del país, sufrió el martes el mayor terremoto de los últimos 58 años, con epicentro entre Crevillent y Albatera y una magnitud en la escala de Richter de 4,3. No causó daños materiales ni víctimas, pero desató una oleada de nerviosismo y miedo en buena parte de la población. No ha sido además el único susto en las comarcas alicantinas en lo que va de año: entre el 26 de julio y el 2 de agosto se registraron seis temblores de menor trascendencia en la Marina Alta que sin embargo también fueron percibidos por los vecinos.

Pues bien, pese a esta tesitura, hay un dato frío e incontestable que supone un bofetón a la prevención: ningún ayuntamiento cuenta con planes de emergencia para hacer frente a terremotos pese a estar obligados por ley, tal como lo determina el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico de la Generalitat Valenciana, una estrategia global frente a estas contingencias diseñado en 2011 y revisado por última vez en 2015.

Esos planes específicos para cada población son obligatorios en 327 términos municipales de la Comunitat Valenciana, de los que 136 pertenecen a la provincia de Alicante y 191 a la de Valencia. En todos ellos son previsibles seísmos de intensidad igual o superior al grado VII (EMS), para un periodo de retorno de 500 años.

Y, ¿qué efectos reales tendría esa clasificación para la ciudadanía? El grado VII en la escala macrosísmica europea está considerado como «dañino»: cuando se produce «la mayoría de las personas se asustan y escapan al exterior, los muebles se desplazan y los objetos caen de las estanterías en notable cantidad». Además, «muchos edificios corrientes sufren daños moderados como pequeñas grietas en las paredes, o derrumbe parcial de chimeneas».

Estos planes deberían servir para organizar cuerpos de seguridad y entidades sociales cuando se produce un terremoto, delimitar las áreas más afectadas, localizar esos recursos para hacer frente a la emergencia e informar a la población. Son cuestiones que sólo pueden hacer los ayuntamientos.

Es cierto que gracias a la «Norma de construcción sismoresistente», los edificios que se han alzado en los últimos años cuentan con eficaces medidas de prevención contra los seísmos. No es suficiente.

Uno de los problemas que padecen los municipios es que no reciben ningún tipo de ayuda para poder realizar sus planes antisísmicos porque la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat entiende que ya cuentan con una red de técnicos y funcionarios para hacerlos. Este organismo sí que presta su ayuda a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Aunque los expertos matizan que fenómenos como el de Albatera no tienen porqué ser premonitorios de una catástrofe, el plan de la Generalitat sí considera que la peligrosidad sísmica es máxima en la provincia de Alicante, a diferencia de lo que sucede en Valencia (peligrosidad media) o en Castelló, donde este índice es de «poca relevancia».