"Las familias quedaron atrapadas en la fosa 112"

Los trabajos -que durarán entre dos y tres meses- se llevan a cabo gracias a una subvención de la Diputación de València de 89.719 euros al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, que el consistorio completa hasta los 95.700 totales.

Carmen Gómez, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa Común 112 de Paterna, se mostraba satisfecha. «Hemos dado un paso muy importante. Nuestros familiares están enterrados de una manera indigna, como animales, y pretendemos exhumar sus cuerpos y llevarlos a pueblos, de donde nunca tenían que haber salido», afirma.

«He sentido mucha alegría al ver a pie de fosa que aún había hijos, nietos, biznietos y hasta tataranietos de dos años... pero también mucha pena, porque esto les habría correspondido vivirlo a las esposas de nuestros padres, que murieron con la pena. A ellos les fusilaron, pero las familias quedaron atrapadas en la fosa 112», recuerda.

Según Miguel Mezquida, que dirige la excavación a cargo de ArqueoAntro, si algo hace particular esta fosa es que aún viven ocho hijos de víctimas, un número elevado si se tiene en cuenta que han transcurrido 79 años. Dos de ellas son Juana y Desemparats, de 85 y 82 años, que esperan encontrar a su padre, asesinado con 33 años. «No esperábamos ver esto, pero ya teníamos ganas; nos queda poca vida, pero ya no volveremos a Paterna», aseguran las dos hermanas de Cullera, que de pequeñas iban al cementerio junto a su madre, quien dicen que «murió de pena» a los 43.

Josefa, a punto de cumplir 80 años, también desea recuperar los restos de su padre, José Peiró, que fue fusilado con 33 años. «Era el chófer del autobús que hacía el servicio Tavernes de la Valldigna-València y se vengaron de él. Se lo llevaron cuando yo aún no caminaba, pero no ha sido un desconocido para mí, me lo han contado todo y he soñado con él... es como si lo conociera», relata la mujer.

Al abuelo de la presidenta de la asociación, el alcalde republicano de Tavernes, lo fusilaron con 45 años: «El único delito que había cometido era ser el primer alcalde democrático de su pueblo», relata.

Antoni, de Canet d´en Berenguer, busca a su tío Mariano Brines, cuya hija sigue en Francia, donde se exiliaron. «Hay muchos familiares directos que han muerto tras años de indignidad. Esto tendría que ser una cuestión de estado... es una lástima que dependa de signos políticos, la democracia no ha estado a la altura», criticaba, mientras se convertían en escombros los azulejos que hasta ayer cubrían la zona.

También presenciaba los trabajos Jordi de Valls (Tarragona), que vive con la esperanza de encontrar a su abuelo de Villanueva de Castellón, Elías Molina Guardiola. «Las cunetas están llenas y es de justicia buscarlos y darles un entierro digno. Ya es hora de dejar de sufrir tanta humillación», defendía.

«No se entiende en democracia»

Se prevé que las exhumaciones duren de dos a tres meses, y el análisis genético que realiza la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, se alargará entre un año y medio y dos. «Es una prioridad porque en un país democrático no se entiende que después de 42 años de la muerte del dictador aún se tengan que exhumar fosas. Esperamos abrir de un 15 a un 20 % de las que hay en este cementerio al finalizar la legislatura», asegura la diputada delegada en Memoria Histórica, Rosa Pérez.

Enrique Chofre, alcalde en funciones de Tavernes de la Valldigna explica que el ayuntamiento tomó la iniciativa cuando la asociación estaba constituyéndose. «Esperamos encontrar al alcalde republicano y a 12 vecinos más que, de una vez por todas, descansarán cómo se merecen», detallaba.

Al acto también asistieron familiares de represaliados de otras fosas; concejales de Tavernes, Cullera y Villanueva de Castelló -en este último caso también el alcalde, Òscar Noguera-, la alcaldesa de Carlet, Mª Josep Ortega; y la diputada en las Corts, Alicia Piquer, entre otros.