El presidente, Ximo Puig, ha asegurado esta mañana que se queda muy satisfecho por el resultado de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque reporta 850 millones de euros más a las arcas de la Comunitat Valenciana. "Es muy positivo", ha dicho ya que por la relajación del déficit la Generalitat recibiría 245 millones y se produce un nuevo cálculo del IVA que permite a la Generalitat no tener que que abonar 250 millones. Además, el Gobierno asume la deuda del Consorcio de La Marina, una reivindicación histórica que supone 350 millones más.

"Este un gesto simbólico muy importante y también sirve para reflotar el proyecto", ha dicho.

Puig, en declaraciones a Levante-EMV, ha añadido que el Gobierno refinancia mil millones de la deuda valenciana que pasan de corto a largo plazo lo que supone oxígeno financiero para la Generalitat.

"Es un cambio absoluto, un avance sustancial por lo que no había ningún motivo para no votar a favor, era cero o 850; ¿Es insuficiente? pues sí, pero hay un gesto muy potente que es el de la deuda del Consorcio y también la posibilidad de comenzar a hablar de la reestructuración de la deuda con los mil millones que pasan de corto a largo plazo, aunque nosotros queremos ir más allá, pero ya comenzamos a ver que dentro de un tiempo podemos salir a los mercados porque en el corto plazo podemos ir más holgados y es un camino que nos ayuda también a visibilizarnos", explicó Puig a Levante-EMV.

"Lo que no tenía sentido era mantener una posición numantina que no conducía a ningún sitio", ha asegurado para añadir que es un cambio de posición que beneficia al Gobierno pero por el que la Comunitat Valenciana recibe contraprestaciones.

La Generalitat Valenciana ha cambiado esta mañana su posición en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al pasar de la abstención del pasado mes de julio a la senda de déficit y el techo de gasto a dar hoy el "sí" a los planes del Gobierno.

El paso de la abstención al sí supone que el Consell vota en el mismo sentido que el resto de autonomías socialistas. Hasta ahora, el voto distinto de los valencianos se había defendido como una posición reivindicativa ante la falta de financiación de los valencianos. El voto valenciano no era determinante ya que la propuesta del Gobierno saldría adelante con o sin el apoyo valenciano.

El cambio de posición se justifica desde el Consell en que el voto a favor es la respuesta a un cambio de actitud del Gobierno de España, tanto a nivel general como especialmente con los valencianos y valencianas. Según el Consell se ha pasado de un Gobierno que ahogaba financieramente a los valencianos a otro que da oxígeno y que asume medidas transitorias.

Según el Consell en total, entre el aumento del déficit autorizado y las cantidades del IVA de las que podremos disponer gracias al acuerdo, los valencianos reciben 500 millones de euros adicionales y una refinanciación de 1.000 millones de euros de deuda, además del pago de la deuda del Consorcio de la Marina (en torno a 350 millones) que va a ser asumida por el Estado. El Consell asegura que la Comunitat Valenciana está en la mesa de negociación y es respetada. El resultado son 850 millones de euros.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asumido personalmente las negociaciones esta mañana con el Ministerio de Hacienda para definir el voto valenciano en la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las autonomías estaban llamadas a posicionarse sobre la senda de estabilidad presupuestaria.

Puig ha suspendido momentáneamente sus vacaciones para trasladarse al Palau de la Generalitat, donde mantanía por la mañana contactos telefónicos con el Ministerio de Hacienda y la conselleria que dirige Vicent Soler.

Fuentes del Consell apuntaban esta manaña a "distintos avances" que pueden finalmente modificar la posición de la Generalitat en el CPFF del pasado 19 de julio, cuando rompió el sentido del voto socialista al abstenerse y no apoyar la propuesta del Gobierno.

La de hoy ha sido la segunda vez que el Consejo de Política Fiscal aprueba los objetivos de déficit y deuda para las comunidades autónomas en el período 2019-2021 tras ser rechazados por el Congreso, si bien en esta ocasión, y según fuentes del Ministerio, hay confianza en que la senda de estabilidad salga adelante tras intensificarse las negociaciones con los partidos.