Los bomberos forestales formarán parte de la Generalitat. Pasarán a estar vinculados a una empresa pública que la Generalitat ya está levantando y se espera que esté lista en poco más de mes y medio. De hecho, hoy se celebrará la tercera reunión entre la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y los sindicatos de los bomberos forestales, que aún forman parte de Tragsa.

Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien apuntó a que se está trabajando en una sociedad instrumental «donde puedan ser contratadas esas personas». Se cumple así con el mandato de las Corts que impulsó Podemos de vincularlos con la administración autonómica.

Es una tarea que se presume difícil porque no podrán formar parte del cuerpo de funcionarios, aunque sí serán personal fijo de la institución. Dependerán en última instancia de la Agencia de Seguridad, pero serán una sociedad aparte y el director de la agencia, José María Ángel, garantizó que todos los derechos de los trabajadores se mantendrán.

En estos momentos, se busca la fórmula jurídica que pueda asumirlos, bien sea a través de una agencia o un consorcio, pero lo que es seguro es que se trata del primer paso que se da hacia la unificación de los bomberos.

La voluntad por parte de la Generalitat era clara y la creación de esta nueva sociedad supone una inversión de futuro. Esta empresa tendrá que admitir a otros trabajadores de otras instituciones a largo plazo, no solo los de tragsa, de ahí el interés por encontrar una fórmula que de cabida jurídicamente a todo tipo de trabajadores de la administración, así como delimitar las funciones de cada uno. La voluntad es que acaben integrándose los bomberos de los consorcios provinciales y los bomberos de València, Castelló y Alicante.

Los bomberos forestales pasarán de una empresa pública como es Tragsa, que depende del Ministerio de Agricultura, a otra que dependa de la Generalitat, pero antes del traslado hay un objetivo prioritario. El Ministerio de Hacienda tiene que dar el visto bueno al reglamento que se acordó en febrero con Tragsa y la Generalitat y que aún no ha entrado en vigor, por el que se ampliaban sus funciones y se subía su sueldo.

Las tareas se llevaron a cabo desde el primer día, pero la subida del 30% no se ha hecho efectiva todavía pese a haber presentado toda la documentación que el ministerio exigió al Consell. Ahora, el departamento que dirige Maria Jesús Montero pone como condición que el Consell apruebe el reglamento con un decreto. Oltra confirmó ayer que se aprobará en el primer pleno del 7 de septiembre, el mismo día en que los forestales tienen convocada la huelga.

El decreto será el punto de partida para que el ministerio apruebe la modificación salarial, que conciben con celo por el «efecto llamada» que puede provocar en los otros cuerpos de emergencias que trabajan para Tragsa en otras comunidades autónomas.