Miércoles ocho de la mañana. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, se encuentra en Morella. Se intercambia mensajes de móvil con la vicepresidenta, Mónica Oltra; el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, y la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando. Convienen, según Soler, que si el Gobierno pone encima de la mesa una mejora tangible, pasaría de la abstención al sí en la reunión del Consejo de Política Fiscal, en la que vota de forma telemática. Según Soler en una negociación in extremis logra el gesto suficiente del Gobierno. Vota sí, pero lo comunica por wasap cuando el voto ya está realizado. Compromís ya no puede oponerse.
A primeras horas de la mañana, el president Puig está en el Palau. Cierra el acuerdo de 850 millones con la ministra, pero tampoco llama a Oltra. Defiende públicamente que la posición del Gobierno ha cambiado respecto a los valencianos y avala el sí de Soler.
La primera respuesta de los cargos de Compromís es condescendiente con la decisión de Puig y Soler, pero con el paso de las horas se hace más crítica con un acuerdo que consideran insuficiente.
Conflicto con la oficina de género
Antes del mediodía, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, presentan la oficina de atención a las víctimas de violencia de género. La vicepresidenta y consellera de Igualdad no ha sido informada de la convocatoria ni del contenido del acto. Su enfado es importante. Sobre las ocho de la tarde escribe en una red social un duro comentario contra Bravo, a la que acusa de invadir competencias.
Cargos de la coalición amplifican el conflicto mientras algunos socialistas salen en defensa de la consellera. La propia Bravo guarda silencio hasta que al mediodía de ayer habla con la agencias para defender su proyecto. A esas horas, las redes echan humo. Hasta el conseller Soler sale a dar detalles de la comunicación del acuerdo.
