La reivindicación por una equiparación salarial respecto a otros cuerpos de seguridad autonómicos por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil inundó ayer el paseo de la playa de la Malva-rosa en València. Desde las 11:30 de la mañana, cientos de agentes acompañados por sus familias se concentraron en un aparcamiento próximo a la playa e iniciaron un recorrido que culminó a las 13:30 horas en el edificio Veles e Vents.

Al grito de «Pedro Sánchez, escucha, ábrenos la hucha», varios centenares de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil denunciaron un «agravio comparativo» en su salario al considerarlo inferior al de otros cuerpos de seguridad como la Policía Foral, los Mossos d'Escuadra o la Ertzaintza. Una brecha salarial que cifran en 600 euros y que consideran injusta, ya que «llevamos pistola y chaleco antibalas como ellos», como manifestó un oficial de policía que prefiere mantener su anonimato.

La concentración, convocada por la asociación Justicia Salarial Policial (Jusapol) y en la que se ondearon numerosas banderas de España, no solo aglutinó a cuerpos de la Policía Nacional de València, sino que hasta allí se desplazaron agentes de provincias como Cuenca, Alicante, Castelló y Valladolid.

Bajo un sentimiento común de desánimo, recalcaron que el aumento salarial, que se hará efectivo en octubre y del que se desconoce la cuantía exacta, no es más que una «falsa equiparación» que no cumple con las «mejoras laborales y sociales para todo el colectivo» que los sindicatos, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) o la Confederación Española de Policía (CEP), habían prometido. «Las asociaciones y sindicatos nos han vendido», manifestó una subinspectora de la Policía Nacional de València que, como su compañero, prefiere no desvelar su identidad. Crítica con la clase política, denunció que el acuerdo firmado entre los sindicatos ya mencionados y el Gobierno del Partido Popular en marzo del año pasado es excluyente, pues la subida salarial que contempla no se destina al salario base, sino a los complementos, y no supone una equidad entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. «España es uno de los países más seguros del mundo y los que lo gestionamos somos los peor pagados de Europa», concluyó la subinspectora, a la que se unió otro agente que reclamó el mismo complemento específico general que el de las policías autonómicas.

La protesta no se centró exclusivamente en la descompensación salarial, sino que se extendió a infraestructuras y medios logísticos, que calificaron de insuficientes. «Nos dejamos el dinero de nuestras nóminas en comprar nuestra seguridad», manifestó un asistente a la concentración, quien tuvo que asumir con sus propios recursos la compra de un nuevo chaleco antibalas valorado en 700 euros.