El de Compromís y PSPV no se concibió como un matrimonio para toda la vida, pero sí debía durar el tiempo suficiente para dar la vuelta a veinte años de gobierno popular y sentar las bases para que la izquierda echara raíces en la Generalitat. Cuatro años, lo que normalmente dura una legislatura, era el plazo inicialmente previsto, pero las fricciones entre los socios de gobierno han sido constantes y ahora son ya de tal intensidad que a diez meses de agotarse el mandato (o menos, si finalmente hay adelanto electoral) la convivencia podría darse por rota.
El incendio desatado el miércoles por el apoyo del Consell a la senda de déficit del Gobierno de Pedro Sánchez y el rifirrafe entre la vicepresidenta Mónica Oltra y la consellera Gabriela Bravo a cuenta de las competencias sobre violencia de género han puesto al Botànic al borde de la ruptura. La cercanía de las urnas es, sin duda, una fuente de estrés para ambos partidos que llevan tiempo haciendo su propio cálculo electoral. Ambos saben que se necesitan para reeditar un segundo Botànic, pero también que quien más votos consiga estará legitimado para sentarse en el despacho del Palau.
El horizonte electoral ha enturbiado sin lugar a dudas las relaciones entre los socios, pero los roces no han sido una anomalía estos tres años. Algunos se han vivido de forma soterrada y otros de forma pública (aunque sin llegar al desnudo de esta semana) aunque, de alguna manera, la paz ha pervivido.
Compromís y el PSPV compartían cuando estaban en la oposición un objetivo común: acabar con el gobierno popular y regenerar una vida pública muy degradada por los casos de corrupción. También coincidían en cuestiones programáticas (rescate de las privatizaciones, política social...), si bien son formaciones con una historia, motivaciones, estrategias y liderazgos distintos. La brecha entre ambos se ha visto en la política del día a día y ha motivado peleas de intensidad variada: el problema catalán, los objetivos de déficit público y la política de gasto, el requisito lingüístico, el modelo económico o la política de impuestos han sido terreno abonado para la confrontación y que de forma interrumpida han traslado la imagen de un bipartito dividido.
Compromís ha estado en términos generales más cerca de Podemos, el socio externo, una alianza que ha quedado retratada en muchas votaciones. Sin embargo, al margen de estos temas de calado que evidencian dos formas distintas de enfocar la acción de Gobierno, Compromís y el PSPV han protagonizado encontronazos que nada han tenido que ver con la ideología o los principios. Roces entre miembros de gobierno que han evidenciado rivalidades personales. La convivencia diaria entre altos cargos en las conselleries no ha sido fácil. El mestizaje buscaba evitar reinos de taifas en los diferentes departamentos, pero las relaciones de vecindad han sido complicadas. Algo más de éxito han tenido los seminarios del Consell para forzar la convivencia entre los consellers y conselleres. Han servido para limar asperezas, aunque no han sido una vacuna infalible contra las batallas internas.
La legislatura del Botànic arrancó con la pelea a cuenta del reparto competencial. Justicia y Transparencia son los departamentos que más han chocado por esta cuestión, aunque no los únicos. Por su parte, la vicepresidenta Oltra es quien más rifirrafes ha protagonizado con compañeros de Consell. Ser la portavoz tiene estos riesgos. El mandato del Botànic también comenzó con su desautorización a Carmen Montón por la contratación de su marido en una empresa pública. Hace unos meses abroncó al titular de Hacienda, Vicent Soler, por no autorizar la subida salarial a las trabajadoras del IVAS. Lo hizo, tras la reunión del Consell, a solas en el Palau, pero había visita y el rifirrafe trascendió. El miércoles, tras sentirse desairada doblemente, escribió varios tuits incendiarios. Uno de ellos en el que cuestionaba la competencia de su compañera de bancada, la titular de Justicia, Gabriela Bravo.
