El (re)descubrimiento en 2015 del Galeón español de San José en costas colombianas se convirtió entonces en el chispazo que encendió la mecha de una pesquisa que, según Gustavo Vivas, arquitecto valenciano, no pasaba por su mejor momento: la puesta en valor del patrimonio subacuático.
Con todo, el arquitecto y colaborador de este diario ve ahora, tras el nombramiento de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia, una oportunidad de oro para poner en marcha al inicio del curso lectivo una Red española e iberoamericana de Patrimonio Cultural Subacuático (PCS), con el que mejorar la defensa y la investigación de un material desprotegido frente a los cazatesoros.
Por ello, Vivas propone (en un intercambio de cartas con rectores universitarios, directores de institutos y centros de investigación en España, Colombia y otros países iberoamericanos) que la visita confirmada por el presidente del gobierno Pedro Sánchez a varios países de Latinoamérica, que comienza hoy en Chile, sea una oportunidad para que los dirigentes busquen una posible «armonización» que elimine la «turbia paradoja» que supone que los cazatesoros puedan quedarse con la mitad de las riquezas de un patrimonio compartido entre culturas. En su lugar, el arquitecto expone en sus cartas una alternativa: «Una vez analizado y evaluado el tesoro y acordadas las piezas que irían a sendos museos cartageneros (aquí y allá), los otros recursos se aplicarían en la creación de un Fondo de Codesarrollo Iberoamericano que genere una economía a favor de las personas y en defensa de la vida y el planeta».
Gustavo Vivas asegura en sus cartas que casos como el del galeón de San José han puesto en duda la eficacia de la Red Unitwin para la Protección de la Arqueología Subacuática (creada por la UNESCO en 2012 y en la que participa la Universitat de València como miembro asociado y la Universitat Jaume I como observador acreditado) al no encontrarse entre la lista de miembros ningún país latinoamericano, pese a la gran cantidad de patrimonio compartido. De hecho, el asesor del Ministerio de Cultura de Colombia, Juan Manuel Vargas, justifica en una carta de respuesta al arquitecto que el país latinoamericano puede tomar las decisiones que considere oportunas en materia de patrimonio sumergido al no pertenecer la Red de la UNESCO, la cual penaliza la vía que está tomando el gobierno colombiano.
Y es que, ajenos a dichas directrices, la anterior legislatura de Santos dio luz verde a que los cazatesoros pudiesen quedarse con el 50 % de las riquezas que corsarios ingleses hundieron por el excesivo cañoneo al San José el 8 de junio de 1708 (el barco llevaba entonces 200 toneladas de «valiosos minerales extraídos por esclavos indígenas en el virreinato de Perú»).
Así, el objetivo general en el que se inscribe la propuesta de la creación de esta red es el de, según Vivas, confirmar una historia común entre los países de Latinoamérica y España con el fin de proteger el patrimonio cultural. Una histórica riqueza que está muy cerca de caer en «manos equivocadas». Y es que según la normativa colombiana firmada en 2003, el próximo 10 de octubre podría firmarse el contrato que permite a los cazatesoros iniciar la recuperación del botín.
«Pero si el pecio ha reposado en el fondo del mar más de 300 años, ¿por qué no esperar un poco más a que se consolide una nueva normativa que mantenga a salvo su riqueza?», asegura Vivas.
