No habrá solución única a los problemas que está generando la retirada del servicio de traslado en ambulancia del personal médico de Atención Continuada cuando deben atender las urgencias extrahospitalarias. Aunque todavía no se ha concretado de qué manera se va a compensar el «agujero» que planteó la entrada en vigor del nuevo contrato de las ambulancias el pasado día 1 de agosto, la administración tiene claro que no habrá una respuesta única al problema sino, varias, y adaptadas «a las necesidades de cada departamento y de cada punto de atención continuada».
Así al menos lo apuntaron ayer fuentes de la Conselleria de Sanidad mientras se sigue trabajando en concretar esta respuesta a las demandas de profesionales y sindicatos que se pusieron sobre la mesa el martes en una reunión monográfica con todos los directores y gerentes de las áreas de salud y en la que se expusieron las incidencias, área por área, que está dejando este cambio en el transporte sanitario.
Conselleria no previó los problemas añadidos que la falta de las ambulancias para llegar a los domicilios de los pacientes iba a generar en las urgencias extrahospitalarias y, ante las primeras quejas, dio carta blanca a que cada área pusiera su propio remedio.
Demoras en la atención
Ahora, un mes después, se ha visto que las opciones ofrecidas en algunos departamentos están funcionando pero no así las adoptadas en otras como obligar a los profesionales a coger sus vehículos para ir a las urgencias. El malestar se ha intensificado en algunas áreas donde los profesionales se quejan de que, pese a sus esfuerzos, la falta de medios se traduce ya en demoras en la atención a los pacientes «de hasta dos horas», según cuantificó el sindicato médico Cesm.
Desde Sanidad explicaron que se tendrán en cuenta las «diferencias» que existen entre los 24 departamentos de salud en los que está dividida la Comunitat Valenciana tanto de «población, recursos sanitarios, dispersión etc,» para poner sobre la mesa estas medidas que podrán ir desde vehículos con conductor, alquiler de vehículos para que los conduzcan los profesionales, recurrir a taxis o permitir que sean los trabajadores los que utilicen sus coches.
Pese a que esta última opción se ha demonizado, el secretario general del sindicato Cesm, Andrés Cánovas, recordó que podría ser una opción para algunos profesionales «siempre que ellos estén de acuerdo y se plantee un plus de transporte». Cánovas recordó -y así lo ha planteado a los responsables de la conselleria en una reunión mantenida ayer- que usar el vehículo para el trabajo «hace que el seguro cueste unos 350 euros más». «En unos casos la solución será alquilar un coche, en otros, tener también un conductor y, en otros, a lo mejor hablar con el taxista del pueblo. Nos da lo mismo», añadió.
Cánovas recordó que la fecha límite por la Inspección de Trabajo (que atendió las denuncias sindicales por obligar a los profesionales a usar sus vehículos) para dar una solución es el próximo 15 de septiembre, «y por eso nos hemos pasado agosto negociando porque esto, así, no está funcionando».
