Lo que se cuece en Madrid escalda en la Comunitat Valenciana. Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para reformar la ley de Estabilidad Presupuestaria heredada de Mariano Rajoy, eliminar la capacidad de veto del Senado y allanar así el camino a la nueva senda de déficit, más generosa, han chocado con la mayoría de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso de los Diputados.
Como consecuencia, el Consell, a más de 350 kilómetros de distancia de la Cámara, se encuentra ahora con que, con toda probabilidad, el proyecto de presupuestos de la Generalitat (lo que contemplaba el anterior ejecutivo de Rajoy y Cristóbal Montoro) y no del 0,3 %, como el nuevo ejecutivo había acordado con Bruselas.
Si se tiene en cuenta que el límite de déficit en 2018 era del 0,4 % (tres décimas más), el regreso a los horizontes de restricción tiene una traducción en dinero: 360 millones, aproximadamente, aseguran fuentes del Consell a Levante-EMV.
Dicho de otra manera, el nuevo panorama supondrá en la práctica que el incremento de 367 millones en la financiación de la Comunitat Valenciana para 2019 anunciado por el Ministerio de Hacienda el 31 de julio quede en nada. Una cosa por la otra.
Queda alguna puerta abierta para la esperanza, pero pocas, admiten las fuentes consultadas. El 31 de octubre es la fecha tope para la presentación del proyecto de presupuestos del último año del primer gobierno del Botànic. Si entonces no está aprobada la nueva senda de déficit, con el famoso 0,3 % permitido, las cuentas valencianas deberán llevarse a las Corts ajustándose al 0,1 %.
Y después de lo sucedido el pasado lunes en el Congreso de los Diputados, ese escenario de un déficit más amplio se antoja como casi imposible a corto plazo.
PP y Cs unieron fuerzas en la Mesa de la Cámara Baja para evitar la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria de los populares mediante trámite de urgencia. Eso significa que el debate para cambiar la norma puede prolongarse durante más de seis meses. Este calendario choca con los planes del Gobierno de Sánchez, que prevé presentar sus cuentas para 2019 a final de noviembre. Por tanto, si nada cambia, debería confeccionar estas con los objetivos de déficit que dejó el PP y que para las autonomías son del 0,1 %.
El PSOE, que responsabiliza de la zancadilla a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, no ha tirado la toalla. Pretende que la Mesa vuelva a abordar el procedimiento para la reforma de la ley, pero nada impide que el sentido de la votación se repita.
De esta manera, el departamento valenciano de Hacienda, que ha puesto en marcha ya la maquinaria de elaboración de los presupuestos, empieza a tomar conciencia de que el margen de déficit con el que contará será reducido.
La situación puede tener consecuencias también en el calendario político, ya que el objetivo de Presidencia era adelantar el envío del proyecto de cuentas.
La senda de déficit ha sido el motivo de uno de los desencuentros del verano entre los socios del Consell. Compromís se abstuvo en julio en la votación en el Congreso para subir el límite de déficit y los socialistas no entendieron que se opusiera a la llegada de más fondos públicos.
Más tarde, el conseller Vicent Soler cambió su abstención inicial sobre este asunto en el consejo de política fiscal por un sí a cambio de asumir el Gobierno parte de la deuda del Consorci València 2007. Compromís acusó al socialista de actuar de forma unilateral y la bronca estalló. Esta ha calmado, pero el dinero extra parece más lejos cada vez.
