El pleno del Consell aprobó ayer, según lo previsto, el reglamento de los bomberos forestales de la Generalitat, cuya titularidad aún mantiene Tragsa pero que a desde ayer dependen en última instancia de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
El mandato establece el modelo básico de organización del servicio en base a la Ley de Emergencias, pero no implica ningún cambio en su relación laboral, dado que seguirán formando parte de la empresa pública estatal Tragsa hasta que la Generalitat encuentre la fórmula para incorporarlos a sus filas.
El reglamento fue negociado durante dos años y aprobado el pasado mes de febrero. Se amplió el abanico de funciones que desarrollarían los forestales y, con ello, se aplicaría una modificación salarial del 30%.
Las nuevas tareas entraron en vigencia el primer día pero el aumento salarial todavía no ha llegado. Tras varias concentraciones de los forestales trascendió que el Ministerio de Hacienda había bloqueado la ejecución de la partida presupuestaria que la Generalitat había destinado a la modificación. Los contactos entre la Agencia de Seguridad y el Ministerio han sido incesantes y hasta el president Ximo Puig tuvo que intermediar, pero nada ha conseguido que el departamento de Maria Jesús Montero acceda a dar el visto bueno del pago.
La condición para hacerla efectiva era que el Consell aprobara el reglamento, por lo que desde la Generalitat se espera que se ejecute la subida del salario de los bomberos.
Desde la Agencia de Seguridad trasladaron ayer que la aprobación del mandato no tiene una relación directa con la creación del cuerpo único de bomberos, para lo que se necesita un estudio previo «rigoroso, técnico y legal». Las negociaciones están en marcha y se espera que representantes jurídicos de los bomberos forestales se reúnan con la Abogacía de la Generalitat, con el director de la agencia, José María Ángel, y con los parlamentarios de Compromís, Podemos y PSPV para buscar la manera jurídica de poder subrogar a los profesionales.
El decreto, dado a conocer ayer por la vicepresidenta Mónica Oltra tras el pleno del Consell, viene impulsado por la «preocupación» de la Generalitat sobre los incendios forestales y otras catástrofes derivadas o agravadas por el cambio climático, «para lo cual es necesario definir nuevas funciones de todos los dispositivos y cuerpos que participan en la emergencia», recoge el comunicado.
Los afectados por el incendio de Llutxent ya disponen de ayudas
El Consejo de Ministros declaró ayer zona de Emergencia a los municipios afectados por el incendio declarado en Llutxent. Así, según explicó la portavoz Isabel Celaá, las viviendas destruidas se cubrirán con 15.120 euros, los daños en la estructura se podrán cubrir con 5.160 euros y las ayudas por destrucción o daños en enseres llegarán a los 2.580 euros además de exenciones fiscales
