El Consell cerró ayer uno de los episodios más turbulentos desde que accedió al gobierno en 2015. El proceso de extinción de la RTVV y de RTVV SAU ha llegado a su fin cinco años después de que Canal 9 fundiera a negro en noviembre de 2013 y ha sido la Generalitat como garante de la antigua televisión quien ha asumido el pago de su deuda: 1.200 millones de euros, una cantidad que es equivalente al 8 % del presupuesto no financiero del Consell para este ejercicio, un total de 15.224 millones de euros.

Lo que la Generalitat ha heredado del «desfalco» de Canal 9 es la misma cantidad que la partida presupuestaria destinada a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en manos de Mónica Oltra. Del crédito, los liquidadores pagaron los vencimientos concretos y se renegociaron los préstamos que la televisión tenía con 15 bancos . La titularidad del crédito dejó de ser de RTVV en favor de la Generalitat, el avalista del ente.

La liquidación ha sido doble. Por un lado, la ley 3/2012 impulsada por el expresident Alberto Fabra ponía fin al ente público de RTVV y creaba una sociedad anónima unipersonal, RTVV SAU. Un cambio de modelo en 2012 para tratar de revitalizar una televisión en decadencia. Solo un año después, Fabra aprobaba otra ley para disolver la «nueva» radiotelevisión y comenzaba la segunda liquidación, la de la sociedad anónima.

Según explicó ayer Oltra tras el pleno del Consell, Hacienda hará la integración tras la cesión de los activos y pasivos de ambas entidades en favor de la Generalitat. En términos materiales, la sede principal en Burjassot de Canal 9 es ahora de la Generalitat aunque cede sus espacios a À Punt, excepto una parte del complejo. También pasa a ser de titularidad pública la red de repetidores distribuidos por toda la geografía valenciana, como el de la sierra de Aitana, el Mondúver o la urbanización de Calicanto. En el proceso de extinción se ha tratado de preservar tanto la sede como los repetidores han sido preservados en el tiempo con el fin de poder ser recuperados y empleados en esta nueva etapa.

Los tres liquidadores designados, Agustín Arenas, Ignacio Baixauli y Francisco Gómez serán cesados al término de los trámites administrativos que requiere liquidar la sociedad anónima de RTVV, en el plazo de un mes.

Además de las negociaciones por la deuda, los procesos judiciales requirieron gran parte de la energía de los liquidadores. Hace tres meses se resolvió una demanda interpuesta en 2008 por la Agencia Tributaria a costa del pago del IVA, donde el fallo fue a favor de la Generalitat y se evitó pagar los 6 millones de euros que se le reclamaban. De la SAU se heredaron los ERE de los trabajadores y las demandas laborales posteriores, así como el coste de rescindir contratos en activo en 2013 con productoras audiovisuales o con Mediapro a costa de los derechos de emisión de los partidos de fútbol. Este último pleito se resolvió a favor de la Generalitat por el que obtuvo 12 millones de euros.