Dos años después de su detención, el alcalde de Torres Torres, Rafael Gil, se sentó ayer en el banquillo de los acusados junto a otros 39 procesados por una presunta trama de tráfico de drogas y armas, que eran distribuidas por Europa camuflando la mercancía ilegal entre los palets de fruta y latas de tomate de la empresa de exportación de productos hortofrutícolas cuyo administrador único era precisamente el máximo responsable del Ayuntamiento.

Gil, quien sigue defendiendo su inocencia, se enfrenta a una pena de 30 años de cárcel y al pago de una multa de 616.000 euros, según la petición del Ministerio Fiscal.

El alcalde de Torres Torres está acusado de hasta nueve delitos: pertenencia a banda organizada, tráfico de drogas, encubrimiento, contra el derecho de los trabajadores, cohecho, malversación de caudales públicos en concurso con fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsificación en documento oficial.

Entre los 42 procesados están los dos presuntos cabecillas de la organización criminal, dos ciudadanos de nacionalidad lituana, ambos en prisión provisional junto a otros tres acusados. La red contaba con dos ramificaciones territoriales, uno dirigía los movimientos en la zona de Cataluña y València y el otro hacia lo propio en Málaga, Almería, Murcia y Alicante. Aunque ellos eran la cabeza visible de la organización, ambos recibían a su vez las órdenes desde Lituana de un «jefe supremo» que no ha podido ser identificado, al que se refieren todos ellos como «El Abuelo».

La fiscalía solicita 18 años de cárcel para cada uno de estos dos presuntos jefes de la organización y 17 años para sus lugartenientes. En el registro del domicilio de uno de ellos realizado en febrero de 2016 en Lleida los agentes de la Guardia Civil se incautaron de cerca de siete kilos de marihuana, siete armas cortas y unas 70 bayonetas, así como numerosa munición, y unos mil euros en metálico. Otro de los acusados es el dueño de un «grow shop» de Torrevieja que actuaba como proveedor.

Blanquear medio millón de euros

Además de su presunta colaboración con la banda -proporcionando la infraestructura necesaria para transportar la droga- y de su relación con el principal responsable de la red en València, al que trató presuntamente de encubrir, el alcalde de Torres Torres está acusado también de «inflar facturas» del consistorio en connivencia con el propietario de una tienda de deportes de Segorbe, también procesado, así como de simular una venta para blanquear medio millón de euros. El juicio por estos hechos prosigue hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de València.