El nombre de la conselleria lo proclama, de Sanidad Universal, y la primera ley que puso en marcha sentó las bases para que así fuera, pero la aplicación de las normas en la vida real no siempre es efectiva al 100 %. Así lo atestigua el último informe del Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana, Odusalud, un organismo compuesto por 87 entidades que trabajan a pie de calle y que se propusieron valorar el impacto de los recortes al acceso a la sanidad impuestos por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012 sobre aquellos que quedaban excluidos: personas en situación irregular.
El último registro de incidencias, el decimocuarto, desvela que en los últimos 18 meses (de enero de 2017 a junio de 2018) se han podido documentar hasta 173 casos de denegación de asistencia sanitaria en centros valencianos pese a que desde mediados de 2015 entró en vigor un decreto (ahora tumbado por inconstitucional) para evitar, precisamente, esta exclusión.
La cifra es alta aunque no exhaustiva, «no nos cabe ninguna duda de que hay más», reconoce la presidenta autonómica de Médicos del Mundo y portavoz de Odusalud, Ana Pérez Solaz. El por qué se sigue negando la atención sanitaria a aquel a quien le ampara la ley es una pregunta a la que, desde Odusalud quieren responder para poder proponer, además, soluciones.
Aquí, según Pérez Solaz la intención política -«de la que no dudamos y ahí están las más de 22.000 tarjetas sanitarias repartidas en este tiempo»-, choca con las trabas administrativas y con algo más difícil de eliminar: el desconocimiento de los trabajadores sanitarios y la consiguiente aplicación arbitraria de las leyes.
«La población no es consciente de su derecho y se hizo una campaña informativa que no cuajó ni en los migrantes, que son los principales beneficiarios ni en el personal administrativo», añade. En este sentido, Odusalud pide, sobre todo, «formar» al personal de la propia conselleria ya que «en los servicios donde se debería dar la mejor información parecen ser los causantes de la mayor desinformación», según el informe. De hecho, 6 de cada 10 negativas a recibir atención médica se dieron en los mostradores de los centros de salud.
Este y otros problemas burocráticos hacen que se sigan registrando «nichos de falta de atención» como personas residentes en la Unión Europea (sobre todo rumanos o marroquíes) que no pueden presentar un certificado que solo pueden obtener en su país, personas sin documentos originales, aquellos que viven en la calle por no poder acreditar un empadronamiento... Incluso quedan fuera del sistema personas que, aun sin los papeles en regla, ni siquiera el decreto de 2012 Rajoy dejaba fuera: niños y embarazadas.
Desde Odusalud reconocen los esfuerzos que se está haciendo desde la conselleria para poner en marcha protocolos que eviten la creación de estos «agujeros» pero también piden «más sensibilidad» y, antes de dar un no «siempre redirigir a los trabajadores sociales» ya que ahora son las entidades del tercer sector las que están solventando los problemas.
Nuevo decreto nacional
La exconsellera Carmen Montón, ahora como ministra, ha puesto en marcha el decreto ley 7/2018 para que la sanidad española vuelva a ser, de nuevo, universal. Aún así, desde Odusalud entienden que su trabajo no ha terminado. «El informe abarca 18 meses y no 12 porque queríamos hacerlo a modo de epílogo, como rendición de cuentas aunque vamos a seguir vigilando. Ojalá el decreto cubriera ahora a todos los casos pero no va a ser así por lo que hemos visto en la Comunitat Valenciana».
