Rafael Gil, alcalde del municipio de Torres Torres, se aferra a su cargo y se mantiene firme a la hora de asegurar que no pretende dimitir porque, según asevera, está haciendo «las cosas bien» en el ayuntamiento.
Así de contundente se mostró apenas unos minutos después de reconocer ante el tribunal de la Audiencia Provincial de València los cargos por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, encubrir al cabecilla de la banda, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y un delito contra el derecho de los trabajadores.
Por todos estos delitos el máximo responsable del Consistorio de Torres Torres aceptó ayer una pena de unos ocho años de cárcel -para ser exactos seis años y 23 meses-. Con este acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal, el alcalde ve reducida considerablemente la pena de 30 años de prisión que inicialmente solicitaba la Fiscalía, como ya adelantó ayer en exclusiva Levante-EMV.
Se le exime así de dos de los delitos por los que estaba acusado; el cohecho -por el que se enfrentaba a tres años- y la falsificación en documento oficial -por el que le pedían cuatro años más-.
Según explicó el propio procesado, su intención es la de solicitar la suspensión de la pena amparándose en un resquicio legal que el Código Penal contempla en el artículo 80.3. Aunque la norma general establece que será suspendida la pena si la suma de los delitos es inferior a dos años, siempre y cuando el condenado haya delinquido por primera vez, «excepcionalmente podrá acordarse la suspensión, aunque no concurran dichas condiciones y siempre que no se trate de reos habituales, cuando las penas individualmente no superen los dos años de prisión y las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen».
Otros 36 acusados de los 42 procesados reconocieron los hechos y aceptaron penas que van desde los trece meses de cárcel para el propietario de una tienda de deportes de Segorbe que suministró material (balones y trofeos) al Ayuntamiento de Torres Torres, a los ocho años de prisión.
«El Abuelo» en Lituania
La red desmantelada por la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra entre febrero y julio de 2016 se dedicaba al tráfico de grandes cantidades de marihuana y armas de fuego desde España al resto de Europa.
Para transportar la mercancía ilegal utilizaban la empresa de exportación hortofrutícola de Rafael Gil, camuflando la droga en los palets de frutas. La cabeza de todo el entramado, conocido como «El Abuelo», quien sigue huido de la Justicia, controlaba la organización desde Lituania.
El letrado José Antonio Garcín, encargado de la defensa del presunto líder de la banda en la zona de València y Cataluña, cerró el acuerdo para su cliente en tan solo cinco años y tres meses de prisión -de los 18 años a los que se enfrentaba- por los delitos de pertenencia a banda organizada, contra la salud pública y falsificación de documentos.
Asimismo, el abogado José Vicente Frasquet, encargado de la defensa de trece de los acusados, logró un acuerdo con la fiscalía para rebajar a diez de ellos las penas, que quedaron para la mayor parte de ellos en un año y medio de cárcel por el tráfico de drogas y banda organizada.
Las tres mujeres de los principales encausados, de origen lituano y ruso, aceptaron penas de tres años de prisión, aunque solicitarán también la suspensión de la misma al alegar miedo insuperable. Por último tres de los acusados defenderán su inocencia en el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de València, un cuarto permanece en busca y captura y otro de los procesados falleció durante la instrucción de la causa por una enfermedad.
