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Empresa pública

La diputación acelera la muerte de Divalterra

Tres meses después del anuncio, el fin de la empresa se da como un hecho seguro durante esta legislatura Dos vías en estudio para asumir el personal

El inicio de curso en la diputación está siendo tranquilo. Los festejos en los municipios donde los diputados se han dejado caer han dado paso a la realidad en la corporación. El martes se reunió la primera comisión del pacto ya con Toni Gaspar como presidente y la liquidación de Divalterra ocupó gran parte del orden del día para cerrarla lo antes posible.

Las gestiones están avanzadas y hay varios informes en marcha sobre las distintas fórmulas para extinguir la empresa pública y, sobre todo, buscar una salida a los trabajadores (brigadistas forestales, la mayoría) sin modificar sus condiciones laborales.

«No es un anuncio de intenciones, es un hecho», reconocieron ayer fuentes próximas a Gaspar. Es un cambio importante en el inicio de curso, porque en julio las previsiones eran más pesimistas. La vicepresidenta Maria Josep Amigó concebía la extinción como una acción a largo plazo, no contemplada en este ejercicio. Sin embargo, las fuentes dan por hecho que se llevará a cabo en esta legislatura.

Lo que se presume difícil no es liquidar la mercantil, sino hacer el traspaso de trabajadores hacia la corporación. Las mismas fuentes apuntaron a que «administrativamente, la transformación es sencilla».

Dos fórmulas están sobre la mesa. Una es la creación de un organismo autónomo dependiente de la diputación y regido por el derecho público totalmente para gestionar el personal, incluido el servicio de brigadas. La segunda alternativa es crear una entidad pública empresarial local, el mismo régimen que utiliza el Ayuntamiento de València con el Palacio de Congresos. La estructura administrativa está a medio camino entre la del organismo autónomo y la actual de Divalterra, con un consejo de administración propio.

El gobierno, formado por PSPV, Compromís, Podemos y EUPV, espera para las próximas semanas el informe que está realizando el secretario de la diputación, Vicente Boquera, que evalúa las fórmulas para que la diputación asuma a los trabajadores, tal como ellos solicitaban. Se están ultimando las formas jurídicas y los plazos.

Gaspar ha asumido la liquidación de Divalterra como la asignatura troncal de su etapa. Desde julio parece que los trámites se han acelerado para cerrar un tentáculo de la institución que motivó la salida de su antecesor, Jorge Rodríguez, de su equipo y de los dos gerentes de la mercantil en el marco de la Operación Alquería.

La investigación, aún en curso y bajo secreto de sumario, rastrea la contratación de altos cargos de manera irregular dentro de la empresa pública.

En una entrevista a Levante-EMV, Amigó aseguró que con Rodríguez siempre quisieron «repensar» las empresas públicas, para lo que solicitaron estudios a los gerentes que mostraran qué podía eliminarse, aunque no hubo grandes avances. Desde julio, Gaspar y el equipo de gobierno ya no dan más tregua.

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