La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se subió el martes a la tribuna de las Corts con un programa de gobierno que incluía 31 compromisos electorales y el anticatalanismo como principio inspirador.

El grupo popular, sin embargo, no se ha limitado a convertir estas iniciativas en propuestas de resolución. El tope de doce mociones (nuevo formato del Debate de Política pactado por el resto de grupos) nunca les convenció y, como se preveía, han acabado sorteando las nuevas reglas y registrado en torno a un millar de propuestas en las que anticipan en qué asuntos pivotará la larga campaña que se avecina.

Los populares de Bonig llevan tiempo agitando el fantasma del catalanismo, un discurso que ha estado presente en el partido conservador de forma intermitente.

La cuestión identitaria y el blaverismo regresan de nuevo al PP valenciano en forma de resoluciones que buscan restar autoridad a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) como autoridad lingüística y dar oxígeno a instituciones como Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana, entidades que postulan el secesionismo lingüístico. Como hicieron en la derogada ley de señas de identidad (que el PP quiere recuperar) pretenden oficializar títulos de conocimiento de valenciano y reforzarlas con ayudas.

A ochos meses de elecciones y en busca del voto más regionalista, el PPCV de Bonig recupera una estrategia (no exenta de contestación interna) que exploraron los gobiernos de Zaplana, Camps e incluso, al final de su mandato, Alberto Fabra.

Decenas de propuestas tienen la lengua como objetivo, pero en el sentido contrario del actual Consell. Así, el PP incluye mociones para garantizar que no habrá en el futuro requisito lingüístico en la Función Pública e incluso plantea eliminarlo en el sector docente, ahora obligatorio.

Pide, además, que el funcionariado no pueda ser discriminado por hablar en «castellano o en valenciano». Como vigilante para que el proceso soberanista no contagie la CV, el PP quiere revisar los libros de texto y se inspeccione las aulas para evitar el «adoctrinamiento» y la propagación del concepto del «països catalans» y se garantice la defensa de la unidad de España.

No es la única estrategia del pasado del nuevo PP de Isabel Bonig para recuperar las instituciones. El paquete de reivindicaciones al Gobierno central se ha multiplicado con Pedro Sánchez en la Moncloa. Al estilo Camps cuando Zapatero era presidente del Gobierno, los populares valencianos han registrado decenas de peticiones a Sánchez: financiación, deuda histórica, dinero para la dependencia, para sanidad, agua y más agentes de la policía.

Bonig pide incrementar un 15% las partidas sociales en los presupuestos de la Generalitat de 2015 y una bajada de impuestos de calado.

La restauración de castillos, colegios y carreteras por toda la Comunitat Valenciana suponen más del 50 % de un paquete de propuestas que tocan todos los palos y en las que incluso se pide que los consellers no cobren mientras no se pague en tiempo a los proveedores, o que los cargos sean sancionados si incumplen en las Corts «el principio de veracidad».