Desde que el pasado martes el alcalde de Torres Torres se declarara culpable de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, encubrimiento, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y contra el derecho de los trabajadores, era cuestión de tiempo que Rafael Gil dejara la alcaldía, bien de motu propio, por una moción de censura o, una vez ejecutada la sentencia, por la inhabilitación que acarrea una de las penas.
Finalmente y pese a que tras confesar los hechos en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de València Gil se mostró optimista con seguir en el cargo, cerrando la puerta a cualquier posible dimisión, ayer por la mañana el todavía alcalde acabó claudicando ante las presiones de unos y otros.
Aunque su argumentación es que la dimisión responde a «cuestiones personales» ajenas a la condena de siete años y once meses por su relación en la trama de tráfico de marihuana y armas, que adelantó en exclusiva Levante-EMV, lo cierto es que su repentina decisión se produjo justo después de que en la sesión de ayer la Fiscalía mostrara su disconformidad en emitir un informe favorable para que la sala le conceda la suspensión de las penas (individualmente no superiores a los dos años de cárcel).
El pasado martes Rafael Gil aseguró a este periódico que no tenía intención alguna de dimitir pese a que acababa de aceptar una pena de casi ocho años de cárcel por seis de los delitos por los que estaba acusado.
Inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba para él una pena de hasta 30 años de prisión. El Código Penal recoge en su artículo 80.3 la posibilidad de suspensión de las penas para casos excepcionales, y a él se aferra ahora su defensa para lograr que el alcalde no pise la cárcel. El acuerdo verbal alcanzado en su momento con la Fiscalía incluía, según las fuentes consultadas, la suspensión de las penas, pero ahora dicho pacto ha quedado en el aire hasta que finalice el juicio.
Los cabecillas, penas mínimas
Al igual que el alcalde de Torres Torres, la mayor parte de los 42 procesados en la causa, trece de ellos defendidos por el abogado José Vicente Frasquet, reconocieron los hechos en la primera sesión del juicio para ver reducidas considerablemente sus penas.
Entre ellos el presunto cabecilla de la zona de València y Cataluña, defendido por el letrado José Antonio Garcín, quien aceptó una pena de cinco años y tres meses de prisión. Por su parte, el encargado de dirigir las acciones en Alicante, Murcia y Andalucía, cuya defensa corrió a cargo del penalista Andrés Zapata, redujo su pena de 18 años a siete años y siete meses de cárcel por los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, falsedad documental y fraude de fluido eléctrico.
Los cuatro acusados que siguen defendiendo su inocencia declararon ayer en el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de València. Todos ellos negaron su vinculación en dicha trama que presuntamente traficaba con marihuana y armas, transportando la mercancía ilegal a través de la empresa del propio alcalde de Torres Torres.
Uno de ellos, propietario de un «Grow Shop» de Torrevieja alegó que el paquete que le llevó una de las acusadas, captado en uno de los seguimientos que hizo la Guardia Civil, eran arepas -producto típico colombiano- que había hecho su madre.
La banda estaba perfectamente jerarquizada, con reparto de funciones y una fuerte disciplina y control interno, cuyo máximo líder, conocido como «El Abuelo», controlaba toda la estructura desde Lituania a través de los dos presuntos cabecillas.
