Ya es un hecho: el nuevo Estatuto de Canarias ha adelantado por la derecha al valenciano, pese a que llegó al Congreso de los Diputados cuatro años después. En 2015, mientras que el de la C. Valenciana espera desde 2011.

Se trata solo de la modificación de una disposición adicional, cuestión de dos líneas, pero ha sido víctima de una sucesión de obstáculos. El cambio, promovido aún en la etapa Camps, tiene como objetivo blindar que las inversiones del Estado en la C. Valenciana sean equivalentes a su porcentaje de población. Lo normal es que se queden varios puntos por debajo de ese 10,6 % que representa la ciudadanía valenciana.

El PP durmió el asunto en el Congreso en los años de crisis y recortes. A partir de 2015, cada vez que el asunto se movía una convocatoria electoral lo devolvía a la casilla de salida. En la primera etapa de la legislatura actual la reforma llegó a sumar 45 prórrogas (semanales) del periodo de enmiendas por un acuerdo PP-Cs. Al final, en febrero se desbloqueó el trámite.

Pero la cosa no ha mejorado. El Estatut continúa varado por una duda procedimental. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha de convocar la ponencia que, con una delegación valenciana, en un mes elabore el dictamen que se eleve al pleno. Diputados de PSPV y Compromís confían en un pronto desbloqueo.

De momento, el pleno sí aprobó ayer la propuesta de reforma del estatuto canario, que pasará ahora al Senado. Salió adelante con solo los 60 votos en contra de Unidos Podemos y 39 abstenciones de Cs y ERC. La nueva carta modifica el sistema electoral, permite adelantar comicios, blinda el Régimen Económico y Fiscal canario (no dependerá de presupuestos) y elimina los aforamientos (el primero que lo hace).