Sobre la bocina, pero la Conselleria de Sanidad cerró ayer la crisis del transporte sanitario en los centros de salud abierta con la entrada en vigor del nuevo contrato de las ambulancias el pasado 1 de agosto y la retirada de estos vehículos para llevar a los profesionales a las urgencias extrahospitalarias. El acuerdo aún debe ejecutarse formalmente pero parece haber contentado, al menos a priori, a los sindicatos que ayer lo suscribieron en mesa sectorial.

El pacto se sustenta en dotar de vehículos, con conductor en algunos casos y otras sin conductor, a los diferentes puntos de atención continuada de la C. Valenciana, que son aquellos centros de salud que operan en horario de tarde y noche para asistir a las urgencias extrahospitalarias. Según el acuerdo, cuando los profesionales deban de salir para atender una urgencia tendrán a su disposición vehículos con conductor. Según explicó ayer Sanidad se va a aplicar «criterios de reagrupación» teniendo en cuenta el kilometraje, las distancias y el tiempo de respuesta de cada uno de ellos, para que sea «una medida equitativa». La solución solventará los principales problemas a los que se han tenido que enfrentar los profesionales desde que les retiraron las ambulancias para ir a las casas de los enfermos: utilizar sus coches sin compensación y expuestos a multas por llevar, por ejemplo, material no permitido o retrasos en la hora de llegada por cuestiones tan profanas como no encontrar las direcciones correctas.

Por otra parte, la Conselleria de Sanidad se ha comprometido en este pacto con los sindicatos (que tiene cuatro años de vigencia) dotar «de forma progresiva» de vehículos a los centros de Atención Primaria para que los utilicen en las urgencias que surgen por las mañanas. También se negociarán mejoras en las condiciones laborales de los profesionales como un complemento salarial por dispersión geográfica para todo el personal que trabaje en estos puntos de atención continuada. «Es la primera vez que se reconoce este complemento», aseguraron fuentes de la conselleria.

La administración tenía de plazo hasta hoy 15 de septiembre para dar una solución al problema del transporte sanitario en las urgencias extrahospitalarias. La Inspección de Trabajo era la que había puesto el límite de cuatro meses tras atender las denuncias que interpuso el sindicato de enfermería Satse oficialmente: los profesionales no podían estar obligados a utilizar sus vehículos para hacer su trabajo.

Y es que la entrada del nuevo contrato de ambulancias y la consiguiente retirada de las no asistidas para llevar al personal pilló a Sanidad sin una alternativa meditada. Para salir del paso dejó a cada área de salud que apostara por una solución -que son las que están operando ahora- y que incluyen desde vehículos de renting a taxis hasta obligar a usar sus coches al personal.