Todas las miradas están puestas en el Ministerio de Hacienda. Es el responsable a través de la comisión de seguimiento de negociación colectiva de las empresas públicas de dar luz verde a la modificación salarial que pactaron los bomberos forestales con la Generalitat y con Tragsa, entidad a la que pertenecen, el febrero pasado.
Sin embargo, el visto bueno no llega, para inquietud de la Generalitat y de los propios bomberos. Ayer comenzaron una huelga indefinida frente a la sede de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, cuyo director, José María Ángel, se mostró confiado de que la resolución se apruebe esta semana.
Un aumento del 30% que viene dado por un nuevo convenio colectivo por el que se les dieron nuevas funciones más allá de la extinción forestal, pasando a ocuparse también de cualquier emergencia en el mundo rural.
Tragsa, la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, aseguró que el diálogo con los trabajadores es «permanente» para que cuando se emita la resolución se aplique de manera inmediata, pese a reconocer que se necesita un tiempo «razonable» para poderse hacer efectiva.
En un documento al que ha tenido acceso Levante-EMV, la secretaria de Estado de presupuestos y Gastos, Maria José Gualda, firmaba una resolución el 8 de agosto por la que vinculaba la aprobación por decreto del nuevo reglamento a la tramitación del acuerdo. Entonces no constaba que se hubiera aprobado y era un «condicionante suspensivo» para no estudiar la modificación salarial. El Consell lo aprobó el 7 de septiembre y se publicó el martes en el Diari Oficial de la Generalitat, pero Hacienda, de quien este diario no ha obtenido respuesta, no ha reaccionado pese a la huelga convocada y el riesgo por incendio y gota fría en activo.
