En 48 horas, el pacto valenciano contra la violencia de género impulsado por el Consell del Botànic cumplirá un año de vida. El 18 de septiembre de 2017, partidos políticos, instituciones y sociedad civil, dejaron a un lado sus discrepancias para sumarse a una foto de unidad contra el machismo. Un acuerdo a cinco años vista cuyo objetivo era pasar de las palabras a la acción y poner freno a la lacra de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones. En estos doce meses (la cifra de mujeres asesinadas en 2018 asciende a 33, dos de ellas valencianas) varias medidas contenidas en el pacto están en marcha, algunas tan de calado como la equiparación de las víctimas de crímenes machistas a las del terrorismo. La vicepresidenta de Igualdad, Mónica Oltra, impulsora del acuerdo, habló hace días de «satisfacción» por el cumplimiento, un balance cuantitativo que difundirá este martes en Alicante.

Al pacto, sin embargo, le queda camino por recorrer. Entre sus principales retos está mantener el consenso logrado y evitar que el compromiso quede en papel mojado. Es decir, hacer real ese «cambio de paradigma» cultural y socioeconómico.

Salvar la violencia de género de la refriega política es complicado en periodo electoral. Y el propio Consell ha tropezado con esta piedra, que además va en contra del compromiso de una coordinación institucional. El rifirrafe entre el departamento de Justicia y el de Igualdad a cuenta de la ubicación de la oficina especializada en denuncias por violencia de género ensombrece el aniversario. Maria José Senent, profesora del Departamento de Derecho Privado de la Universitat Jaume I y experta en estudios de género, considera positivo que el pacto esté abierto a personas físicas y jurídicas ya que, si bien no implica una obligación jurídica, sí un compromiso público.

Además, valora el hecho de que incluya un concepto de violencia machista más amplio que el que recoge la ley de 2004 que deja fuera los casos en los que no hay relación de pareja. También, la referencia al convenio de Estambul, que considera violencia de género los matrimonios forzosos, las mutilaciones genitales, la trata, el aborto y la esterilización forzosa, el acoso y la violencia sexual.

A diferencia de otros planes cuya evaluación no se contempla, el lanzado por Oltra, contiene indicadores para medir su cumplimiento. El pacto incluyó la constitución de una comisión de seguimiento de los acuerdos, si bien, tal como apunta Senent, la evaluación es una incógnita al no existir un calendario concreto en las acciones. Además, dado el grueso de medidas, la especialista aconseja un calendario que priorice unas sobre otras para dotarlo de mayor eficacia. Por otro lado, y según algunas voces consultadas, la comisión de seguimiento no ha tenido un trabajo productivo estos meses. Apenas se ha reunido y, como las entidades feministas solicitaban, aún no se ha abordado ese calendario.

Cabe añadir que en las casi 300 medidas reseñadas hay algunas muy específicas, aunque otras son genéricas. Y a falta del balance oficial, el apartado relativo a coeducación, piedra angular para acabar con los estereotipos de género y permitir un desarrollo personal sin sesgos, está por explorar. El Consell acaba de impulsar la red de responsables de coeducación en los colegios y existe redactado un plan director, pero hoy por hoy la perspectiva de género y la igualdad en las escuelas dependen de la voluntad de la dirección.

La dotación presupuestaria (12 millones en el caso de la Generalitat) «blindada» ante los recortes es un punto fuerte de este acuerdo, pero también puede estar en el haber en función de cómo se plasme. Ya fue problemática la plasmación en las cuentas de 2018 (sólo 5,2 de los 12 estaban detallados en Igualdad), mientras que la ejecución del programa igualdad de género estaba a 31 de agosto al 67 %.