A plazos y durante algo más de un año. Así hará frente el Consell a la deuda que mantiene con Riegos de Levante por prohibir la caza en el parque natural de El Hondo. Los regantes y la administración han llegado a un acuerdo para que la comunidad general cobre la cuantía estipulada en una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2017. En ella, y tras admitir un recurso de casación de los propietarios del paraje de El Hondo, se cifró la compensación económica en 9,1 millones de euros, que sumados los intereses de demora, se elevan a 11 millones de euros.
Los regantes recibieron la notificación judicial el 22 de diciembre de 2017, el día de la Lotería de Navidad, y el pasado mes de mayo, transcurrido un tiempo prudente, se plantearon la posibilidad de solicitar la ejecución forzosa del mandato judicial contra el que no cabía recurso.
Sin embargo, la buena relación que la actual cúpula de Riegos de Levante mantiene con la Conselleria de Medio Ambiente ha hecho posible que, tras varios contactos, se haya llegado a un acuerdo para que los regantes reciban el dinero que les corresponde por renunciar a la actividad cinegética en el entorno natural.
El acuerdo se sellará en forma de convenio próximamente, seguramente en octubre, y en él quedará definida estipulada la forma de pago de los 11 millones de euros, de manera que la deuda dejará de incrementarse sumando intereses. La Administración autonómica se ha comprometido con Riegos de Levante a hacer frente a la compensación a plazos, que empezarán a vencerse cuando se firme el acuerdo a finales de este año y se extenderán durante todo el 2019. De esta forma, la deuda quedará satisfecha íntegramente en algo más de un año.
Para los regantes se trata de un acuerdo razonable, que evita tener que volver a los juzgados y alargar más tiempo un litigio que se ha extendido durante muchos años.
La sentencia del Tribunal Supremo llegó como resultado del recurso de casación presentado por Riegos de Levante contra una sentencia del TSJ que desestimó la intención de los regantes de cobrar nueve millones de euros ante la imposibilidad de cazar por la normativa que aprobó el Consell para el paraje natural. La sentencia del TSJ falló a favor de los regantes, pero reduciendo la cuantía económica a 2,2 millones, por lo que la decisión fue recurrida con un recurso de casación por las dos partes. Finalmente, los regantes ganaron la batalla judicial.
El alto valor de la indemnización hace que los intereses de demora sean muy altos. Cada mes que pasa se suma 40.000 euros, de ahí el interés del Consell por cerrar un acuerdo cuanto antes con Riegos de Levante, para que la deuda no se siga multiplicando.
Un acuerdo que se espera firmar en pocas semanas, y que pondrá fin a años de desencuentros entre la Generalitat y la comunidad de regantes.
