Mientras la nueva ley de función pública duerme el sueño de los justos, Intersindical ha decido pasar a la acción y apretar a los partidos del Botànic para que aceleren la incorporación del requisito lingüístico para el acceso a la función pública antes de que finalice la legislatura.
El sindicato planteará formalmente a los grupos parlamentarios que presenten una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2019 para modificar la actual ley de la función pública y activar ya la capacitación lingüística.
La propuesta del sindicato pone en un brete al Botànic, sobre todo a los socios de Gobierno, que en principio llegaron a un acuerdo para incluir el requisito, pero con margen de negociación y de tiempo sobre su concreción. Los socialistas avalan este cambio legislativo, pero temen que sea un inconveniente en época electoral.
De ahí que, aunque no explicitado, existía un acuerdo para retrasar la aprobación de la ley. Compromís, en principio, no tiene tantos recelos como su socio de gobierno. Intersindical, afín a Compromís, exigirá al grupo parlamentario que lleve a las Corts este debate y lo haga ya.
El sindicato recueda que la futura ley impulsada por la Conselleria de Justicia todavía no ha pasado por el trámite del Jurídic Consultiu y recuerda que aunque llegue a las Corts antes de acabar la legislatura, el requisito lingüístico no sería de aplicación ya que se da un plazo de un año para la negociación. Para el STEPV retrasar la ley es prolongar en el tiempo la desigualdad lingüística.
