Los partidos del Botànic pactaron ayer una enmienda a la nueva ley de la Inspección de Servicios en virtud de la cual este organismo de control interno dependiente de la Conselleria de Transparencia se inhibirá a favor de la Agencia Antifraude que dirige Joan Llinares en caso de detectarse cualquier posible fraude o corrupción.
La enmienda defendida por el grupo parlamentario de Podemos tiene enjundia ya que viene a blindar las competencias de la Agencia Antifraude y a evitar posibles conflictos con la Inspección de Servicios que el departamento que dirige Manuel Alcaraz ha reforzado en su proyecto de ley.
El texto, que fue debatido ayer en la comisión parlamentaria de Justicia, Gobernación y Administración local, sufrió también otros cambios de calado en relación con la protección del denunciante. A propuesta de Podemos y con el acuerdo de PSPV y Compromís, la persona denunciante, sea cual sea su denuncia, tendrá el mismo régimen de protección establecido en la ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Esto es, se establecerá un marco seguro y accesible que garantizará la confidencialidad y protección del denunciante.
El proyecto de ley original planteaba distintos niveles de protección en función de la queja o cuando fuera «absolutamente imprescindible» para que el denunciado pudiera ejercer su derecho de defensa en un procedimiento.
Este asunto había dado pie a un rifirrafe entre Antifraude y Transparencia. Linares redactó un informe en el que alertaba de la posible desprotección del denuciante si este se dirigía a la Generalitat.
Podemos también logró sacar adelante la supresión del régimen sancionador, de manera que también se regirá por lo previsto por Antifraude, más severa. Así, de los 30.000 euros que preveía la ley por infracciones muy graves en los casos de violación del régimen de protección se pasa a los 400.000 euros que establece la Agencia.
La diputada Fabiola Meco se mostró ayer satisfecha con los cambios logrados y mantuvo que de esta manera se evita la confusión y la duplicidad de funciones. «No podemos impulsar una agencia que es un ejemplo en España y luego descafeinarla», indicó.
El PSPV, Compromís y Podemos mantuvieron que la nueva ley, que incluye un sistema de alertas tempranas para detectar las malas prácticas, contribuirá a evitar casos de corrupción.
Los populares ven la norma «innecesaria», puesto que existe «una ensalada de organismos» destinados a lo mismo. Santamaría mostró su preocupación porque, a su juicio, la ley quita funciones a la inspección general y enfoca su labor «única y exclusivamente» a la lucha y prevención de las malas prácticas. Por parte de Ciudadanos, Toni Subiela valoró cualquier ayuda que pueda combatir la corrupción, pero consideró que es «un titular muy bonito» aunque sin contenido.
