El Gobierno valenciano y el andaluz renovaron ayer su alianza para pelear por un nuevo modelo de financiación que garantice recursos suficientes a todas las comunidades autónomas, si bien rebajaron la presión sobre el Gobierno respecto a los plazos y los resultados.

Así, los responsables de los departamentos de Hacienda, el valenciano Vicent Soler y el andaluz Antonio Ramírez de Arellano exigieron al Ejecutivo de Pedro Sánchez que active ya la nueva comisión política para abordar la reforma (sus miembros, en realidad son los mismos que conformaran la comisión técnica en etapa popular) si bien lo liberaron de la responsabilidad de que el modelo cambie esta legislatura.

Como en su día argumentaba el PP cuando estaba en la Moncloa, Soler y Ramírez de Arellano indicaron que la pelota está en el tejado de los partidos políticos quienes, en última instancia, son quienes tienen la llave para el cambio del modelo en el Congreso de los Diputados, por lo que hicieron un llamamiento al consenso.

El de ayer era el primer encuentro bilateral de Soler con el nuevo titular de Hacienda de Andalucía tras la marcha de Maria Jesús Montero al ministerio. La sintonía que en su momento entablaron Soler y Montero, cuando esta era consejera, así como la evidente relación entre la ministra y su sucesor se dejó notar en una comparecencia en la que todo fueron parabienes para el Gobierno central.

Ambos valoraron el «cambio de actitud» del Gobierno y «su evidente sensibilidad» y que en lugar de «un muro» lo que existe es «diálogo» con las comunidades. También respaldaron el «atajo» legal de Sánchez para lograr eliminar el veto del Senado a la flexibilidad del déficit en 2019.

Soler alertó sobre las consecuencias para los presupuestos de la Generalitat de que se bloquee la nueva senda de déficit del 0,4%. Son 240 millones más, un dinero que, según los cálculos de Hacienda, se traducirían en ayudas a 70.000 dependientes, 4.000 nuevos médicos, copago para 200.000 pensionistas y mejoras en 80 centros de salud.

Las cuentas de la Generalitat, dijo Soler, volverán a incluir los 1.325 millones en concepto de infrafinanciación, aunque tampoco con Sánchez existe garantías de ingresarlos.

Soler subrayó que el cambio de Gobierno no «altera» el espíritu del acuerdo que en materia de financiación acordaron el presidente Ximo Puig y su homóloga andaluza, Susana Díaz, un documento cuyo contenido validaron.

El acuerdo apuesta por un modelo que garantice la financiación suficiente para que las comunidades atiendan con estándares de calidad los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad, la educación o la dependencia.

El documento incluía la necesidad de «abordar la problemática» derivada de los déficit presupuestarios generados por la infrafinanciación, es decir , la deuda que el Consell considera «ilegítima».

Soler reclamó ayer de nuevo una solución a esta mochila (la condonación de la deuda), pero no encontró en su homólogo un respaldo cerrado. Ramírez de Arellano se mostró comprensible con este problema, pero indicó que condonar la deuda «no es la solución». Debe darse una respuesta, dijo, que atienda los problemas de todas las comunidades.