La Generalitat Valenciana asumió de manera oficial la deuda de 1.053 millones de euros de la antigua radiotelevisión pública, la ya extinta Canal 9, cuando finalizó la liquidación del ente.
Una cantidad de la que se harán cargo los contribuyentes valencianos y sus generaciones venideras, dado que el último préstamo bancario fecha su vencimiento en 2030.
Así se desprende de las cuentas que maneja la Conselleria de Hacienda, donde se tienen al día las operaciones contraídas del gigante audiovisual en el que se convirtió Canal 9 hasta su cierre en 2013.
Hasta ahora, se han abonado 532 millones de euros por tener unos vencimientos concretos que no se demoraron más. Para hacer frente a los pagos, la Generalitat ha estado empleando el Fondo de Liquidez Autonómica, el préstamo que el Estado hace a las autonomías para sobrellevar la deuda.
Dado que la Generalitat no ha tenido superávit en sus cuentas finales, no tiene capacidad para amortizar deuda, por lo que se ha recurrido al FLA, un fondo cuyo préstamo debe devolverse a los 10 años.
Así, a efectos prácticos no se ha reducido la deuda, sino que se ha refinanciado en el tiempo De los 532 millones pagados este año, tendrá de plazo hasta 2028 para devolverlos.
Según apuntan fuentes de la Conselleria de Hacienda, son 521 millones de euros los que faltan por devolver a los bancos y que aún figuran como saldo vivo en las cuentas públicas.
Según los cuadros de amortización que maneja la conselleria, hay diferentes fechas para devolver los préstamos. El último pago para ejecutar está programado para el 15 de septiembre de 2030, y es solo uno de los doce préstamos que están pendientes de pagar.
Canal 9 adquirió créditos de un total de 15 bancos distintos, en su mayoría internacionales, y que tras la liquidación del ente ha asumido la Generalitat.
Además de los bancos, uno de los acreedores fue el Instituto Valenciano de Finanzas, quien ofreció un préstamo a Canal 9 por valor de 53 millones de euros. Según las cuentas de la conselleria, en el montante de la deuda también figura una póliza de seguro de 8 millones de euros.
Renegociar los préstamos
Los liquidadores de la radiotelevisión se han esforzado durante los cinco años que se ha prolongado la extinción de RTVV y RTVV Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) en renegociar la deuda adquirida con quince bancos diferentes y cambiar su titularidad, pasando a ser el deudor la propia Generalitat.
Se trata de una deuda que se generó a partir del año 2000, bajo el gobierno del expresidente Eduardo Zaplana. La ley 9/1999 aprobada por las Corts recogía una modificación de la ley de creación de la radiotelevisión por la que el ente podía sobrepasar el presupuesto aprobado por las Corts y ejecutar operaciones de crédito y préstamo con los bancos, siempre avaladas por la Generalitat.
De hecho, desde el año en que entró en vigor la ley, el presupuesto público no se modificó casi, sino que directamente se conseguía financiación a través de préstamos con entidades bancarias.
