Un periodo de gracia de año y medio. Este es el plazo que la Conselleria de Hacienda ha concedido a los ayuntamientos valencianos para que acaben sus obras vinculadas al conocido como Plan Campsy presenten la certificación correspondiente para cobrar la ayuda.
Esta decisión supone alargar la vida al que fue programa estrella del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, pero que con el tiempo se convirtió en un autético quebradero de cabeza.
El proyecto fue impulsado en 2009 y presentado ante la opinión pública como una iniciativa para generar riqueza en municipios valencianos.
Sin embargo, su puesta en marcha resulto un fiasco desde el minuto uno. En una primera fase, pocos ayuntamientos se acogieron al plan por temor a que la Generalitat, inmersa entonces en graves problemas de liquidez, se eternizara en el pago. Además, de la incertidumbre financiera, muchos proyectos sufrieron obstáculos de todo tipo. La conclusión fue una lenta y engorrosa ejecución que ha venido lastrando los presupuestos.
Dispuesto a soltar lastre, en mayo de 2016 el Consell del Botànic dictó un decreto para regular el procedimiento de liquidación de este plan y donde se fijaba junio de 2019 como la fecha tope para romper el compromiso de financiar a los ayuntamientos.
Sin embargo, tal como informó este diario el pasado mes de abril, seguían pendientes de ejecutar medio centenar de proyectos por un valor de 150 millones de euros, es decir, el 30 % de la partida que el gobierno de Camps diseñó en 2009 y que alcanzaba los 500 millones que se financiarían con cargo a deuda.
A día de hoy la foto fija de la ejecución del plan Camps (52 proyectos, 150 millones pendientes) poco se ha movido. Es el motivo por el que el departamento que dirige Vicent Soler ha decidido aplazar a diciembre de 2020 la liquidación de un plan que año tras año arruina a la conselleria el dato de ejecución presupuestaria.
La prórroga queda plasmada en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2019. El texto incluye una modificación del decreto de liquidación del denominado oficialmente como Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana. Se establece que las inversiones con cargo a este programa deberán quedar debidamente acreditadas y presentada en la conselleria competente por razón de la materia la correspondiente acta de recepción de la misma, antes del 15 de diciembre de 2020».
Salvar ayuntamientos
De esta manera, Hacienda se pone la veda antes de la herida ya que aunque aún quedan meses para el plazo previsto inicialmente de liquidación (junio de 2016), todo apunta a que no es tiempo suficiente.
Fuentes del departamento que dirige Vicent Soler admiten que esta modificación es una manera de «salvar» a muchos municipios que se acogieron al plan, pero que no han podido acabar las obras. La liquidación del plan Camps les obligaría a asumir la inversión sin compensación alguna. «Es verdad que lastra nuestro presupuesto, pero más grave sería que se pierdan las ayudas».
Cabe recordar que el plan Camps ha sufrido cambios respecto al original. El presidente popular lo concibió también con una clara motivación política: competir con el Plan E del Gobierno socialista de Zapatero. Un plan que en ocasiones se concretó en obras innecesarias o improductivas.
El nuevo Consell dio margen a los ayuntamientos para cambiar los proyectos por otros. También hubo cambios para flexibilizar el procedimiento, pero aún así la ejecución ha seguido siendo excesivamente lenta.
