La reconversión de Divalterra avanza sin titubeos. Al menos hasta ahora. El presidente de la diputación se marca el 9 d'Octubre como la fecha tope para resolver el futuro de le empresa pública, antes Imelsa, marcada por una sucesión de escándalos que llevaron a la decisión, antes del verano, de su disolución.
Como publicó Levante-EMV, está por ver qué forma adopta en su nueva vida, si organismo autónomo dependiente de la diputación (como el Palau de la Música en el Ayuntamiento de València) o entidad pública empresarial (como el Palacio de Congresos de València).
La decisión quedará en manos del nuevo consejo de administración, formado por un representante de cada partido político, cinco técnicos de la corporación provincial y un delegado de los trabajadores. Una estructura que Toni Gaspar califica de «revolucionaria». Un estudio jurídico está ya encima de la mesa con los pros y contras de las distintas vías de futuro. Todas ellas aseguran los 700 puestos de los actuales empleados de Divalterra.
El que no estará en ese consejo de administración diseñado para la extinción de la empresa es Gaspar. Ha optado por mantenerse al margen. Al frente del día a día estará un consejero delegado, que no será fichado de fuera. Será alguien ya de la institución.
Voces discrepantes
El cambio de orientación en la forma de presidir la diputación no ha caído de la misma manera en todos los despachos del palacio de Batlia. Algunas voces, en otros grupos políticos y en el propio socialista, consideran que existe una falta de norte en la actividad de la institución. Echan en falta el impulso presidencial de la etapa de Jorge Rodríguez. Parece claro que algo ha cambiado.
