El Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso interpuesto por el PP ante lo que califica de «exclusión» de los universitarios de centros privados en carreras sanitarias, para hacer las prácticas en hospitales públicos.
Desde el curso pasado, por acuerdo de las consellerias de Sanidad y de Educación, los alumnos que cursan estudios en universidades privadas, en las carreras del ámbito sanitario como son Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Biotecnología o Psicología Clínica, no pueden hacer prácticas en los hospitales públicos.
El Consell cambió la Ley de Salud para «cumplir la legalidad y poner orden en el caos administrativo heredado de la anterior administración», la del PP, como explicaron en su momento la recién dimitida ministra Carmen Montón -entonces consellera de Sanidad- y el conseller Vicent Marzà.
Ambos denunciaron «convenios caducados» con centros privados y funcionarios públicos, que «no cumplían la Ley de incompatibilidades», y decidieron acabar con estas «irregularidades» aplicando un sistema por el que solo los alumnos de la pública podían hacer sus prácticas en hospitales públicos. Las universidades privadas afectadas pusieron el grito en el cielo y el PP cogió el guante presentando un recurso ante el Constitucional con 50 de sus senadores, que el pleno del citado tribunal acaba de admitir a trámite.
Los jueces muestran dudas sobre la posibilidad de que los cambios introducidos por el Consell en la ley de Salud, sobre las prácticas de los universitarios en los hospitales, «incurran en un precepto de inconstitucionalidad. La normativa autonómica puede suponer una exclusión de las universidades privadas del régimen de cooperación educativa en materia sanitaria de la Generalitat», señala el Constitucional. En el recurso de inconstitucionalidad también se alega que la administración valenciana «ha infringido los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de creación de centros docentes y el deber de ayuda a éstos». Para las prácticas del alumnado de los centros privados, Sanidad acordó también en su momento que esas universidades debían llegar a acuerdos con los hospitales privados o con concesión de gestión privada, acreditados para impartir dicha docencia universitaria.
El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda y documentación presentada al Congreso, al Senado, al Gobierno, así como a las Cortes y a la Generalitat Valenciana, para que en un plazo de 15 días se personen en el proceso.
