La ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana tiene un gran adversario: el tiempo. Corre en contra de los hijos y nietos de las víctimas de la Guerra Civil que siguen buscando a sus familiares pero no encuentran respuestas ante una ejecución de la ley que en ocasiones se presume lenta.

Se calcula que 10.880 personas fueron fusiladas durante y después de la Guerra Civil (1936-1939) en la C. Valenciana por parte de ambos bandos. Son los datos que maneja la Conselleria de Justicia. En función de la experiencia de las excavaciones realizadas hasta ahora, Justicia estima que un 30 % de ellas nunca serán identificadas. Son 3.264 personas cuyos restos no serán encontrados, bien por estar tan deteriorados que no se podrán practicar las pruebas o bien porque no habrá ningún familiar que reclame su pérdida.

Para las demás, ya se está gestando uno de los compromisos que el Govern del Botànic adquirió con la ley aprobada en noviembre de 2017. El president Ximo Puig anunció en el reciente debate de política general que se crearía un banco de ADN para facilitar la identificación de los fusilados según los datos genéticos de sus familiares.

La conselleria de Justicia, de quien dependen estas competencias, firmará en octubre una resolución para trabajar conjuntamente con la Conselleria de Sanidad en la creación del banco de ADN por el cual los familiares podrán hacerse una prueba y al cruzarla con las muestras catalogadas de las víctimas, se comprobará el parentesco y el lugar donde se encuentran.

Desde que el Consell hizo el anuncio ya ha habido que salvar un primer escollo: dado que la exhumación e identificación de cadáveres no se hace por orden judicial en la gran mayoría de casos, el Instituto de Medicina Legal no puede hacer sus investigaciones y recopilar los datos de ADN. Los crímenes se cometieron hace 70 años y la Justicia los considera prescritos.

Justicia ha buscado una vía alternativa y serán los médicos forenses de la conselleria de Ana Barceló los que hagan el trabajo de campo, si bien la partida presupuestaria está asignada a Justicia, que correrá con los gastos.

Aún está por decidir dónde se ubicará la sede física del banco de ADN, e incluso no está definido si el titular será la Conselleria de Sanidad. Fuentes de Justicia dan por hecho que será en un «centro de referencia», como podría ser un centro hospitalario. También barajan realizar una encomienda de gestión a Fisabio, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica dependiente de la Generalitat.

Situar en Fisabio el centro se perfila como una de las opciones más viables dado que forma parte del sector instrumental de la Generalitat. La idea surge a raíz de comparar cómo se ha hecho en otras comunidades autónomas: en el País Vasco es una empresa semipública la que recopila las muestras de ADN de las fosas, mientras que en Cataluña es el Hospital Universitario Vall d'Hebron quien se ocupa del banco de datos. En Madrid es directamente el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Para la conselleria de Gabriela Bravo, el banco de ADN es una herramienta más por la que la Generalitat se encargaría de costear la identificación genética de cada cuerpo encontrado.

Hasta ahora, eran las familias las que costeaban la prueba en el caso de tener localizados los restos en alguna de las fosas existentes de la C. Valenciana.

Parcialidad en los datos

Hay 299 fosas identificadas y los casi 11.000 fusilados que se cotejan tienen dos fuentes de información. La conselleria toma como oficiales los datos del valenciano Vicent Gabarda en Els afusellaments al País Valencià y La represión en la retaguardia valenciana. La otra obra de referencia es la del inglés Paul Preston, El Holocausto Español.

Estos estudios estiman que 4.922 personas murieron por la represión franquista mientras que 4.880 lo hicieron en la retaguardia republicana, sobre todo, en los primeros años de la guerra debido a la sublevación en València contra el golpe de Estado franquista. La memoria de estas últimas fue reparada tras la victoria de Franco mientras que ahora, a través de las ley autonómica, el objetivo es reparar la de los olvidados.