Lleva media vida, y no es exageración, dedicado al áspero asunto de la financiación autonómica. En los primeros pasos de la Generalitat, estuvo en la negociación del traspaso de competencias, el origen de todos los males, con una descentralización de recursos que ha perpetuado un mapa desigual, en el que los territorios del norte tienen una mejor financiación y los del Mediterráneo salen peor parados. Es el dichoso estatus quo, que significa que «nadie pierde lo que ya tiene».
En 2011 se reenganchó a la materia cuando los empresarios de AVE encargaron un informe técnico sobre la financiación valenciana. La recaudación se hundía y el agujero era cada día más acuciante. Ahora, el Consell le ha vuelto a encargar que se siente en la mesa ministerial donde se ha de negociar un nuevo modelo, algo que ya hizo con Cristóbal Montoro de titular de Hacienda. Como altos comisionados del Consell para la financiación irá acompañado el próximo miércoles de Rafael Beneyto, el elegido por Compromís y aliado habitual en las batallas científicas y políticas contra la infrafinanciación.
¿Qué va a hacer en la comisión para la negociación del nuevo modelo?
Trasladar al ministerio y las comunidades la posición aprobada por las Corts. Lo tenemos claro: intentar convencerlos de que es un planteamiento sensato y riguroso, que plantea un solución a los problemas globales, porque somos conscientes de que no va a haber una solución específica para los valencianos. Y casi para nadie.
Nada de acuerdo bilateral, entonces.
Solo he vivido una solución bilateral, la de los vascos.
Canarias ha blindado ahora en su estatuto su régimen económico (REF).
Pero la dimensión no tiene nada que ver. Las circunstancias en el País Vasco y Navarra eran las que eran. Si lo queremos olvidar, lo olvidamos, pero encima o debajo de la mesa había armas.
Habla en plural del papel de Beneyto y usted, pero el que tiene la representación final en la comisión es usted, ¿no?
En la mesa estamos los dos, siempre hemos ido los dos. El decreto pone que el que tiene que levantar la mano al final soy yo, pero no la pienso levantar sin el acuerdo de Rafa.
Elaboraron ya un documento con el Gobierno anterior. ¿No es un engaño empezar de nuevo cuando hay un trabajo hecho y son los mismos prácticamente?
No se va a empezar de nuevo. Se ha cerrado una etapa no afortunada, porque las comunidades enviamos en noviembre y por tercera vez nuestras posiciones con el compromiso del ministerio de que comunicaría su posición inmediatamente y nunca la envió. Lo claro es que la reforma del modelo no la pueden hacer las comunidades.
¿Ni tampoco los partidos?
Los partidos tendrán que validar una ley o no, pero la propuesta de reforma solo tiene un protagonista, que es el Gobierno. Si todo fuera que las comunidades se pusieran de acuerdo lo lograríamos enseguida. Yo estoy allí y puedo decirlo.
¿Es más optimista ahora acerca de que el nuevo Gobierno plantee una propuesta?
Tengo una sensación ambivalente. Las declaraciones del presidente del Gobierno en su momento no han ayudado, pero el equipo del Ministerio de Hacienda es un profundo conocedor de la situación y teníamos un altísimo nivel de coincidencia. Mi sensación es que no se ha perdido.
¿Se puede aprobar un nuevo modelo de financiación en lo que queda de legislatura?
Sin duda, sí. Depende del escenario de las elecciones generales. Si son en el primer trimestre del año que viene o coincidiendo con las autonómicas, no; si son en 2020, hay tiempo suficiente. El trabajo técnico está muy avanzado.
La sensación es que falta empuje político, que se dan largas en forma de comisiones.
Yo veo que la voluntad del equipo del ministerio es hacer las cosas... Evidentemente les condiciona la opinión del presidente. Y ahí está el juego.
¿Ha cambiado en algo la reivindicación?
Ni un milímetro. El documento es el mismo y los representantes somos los mismos, y nadie nos ha llamado para que digamos otra cosa distinta.
Usted es el encargado de negociar. ¿Hasta dónde puede llegar, cuáles son los límites aceptables?
Si hablamos de dinero, en el presupuesto hay una cuantía razonable (los 1.320 millones reivindicativos o ficticios). Está en un punto medio. Lo importante es cómo se hagan los cálculos de la insuficiencia, porque proyectada hacia atrás debe dar la condonación de la deuda.
La deuda histórica ha de estar en el paquete de la solución, por tanto...
Claro. El comité técnico recoge en su documento final que la deuda se ha de analizar y condonar, absorber, consolidar, mutualizar o la terminología financiera que se quiera.
Dice que la solución no puede ser bilateral, pero ¿ha de ser asimétrica?
Tiene que serlo, porque la situación es asimétrica. No es igual la de la C. Valenciana que la de Cantabria, la mejor financiada. ¿Qué hemos ganado en este proceso? Que nadie cuestiona que la situación valenciana no hay por donde cogerla, ni siquiera el ministerio, y se ha conseguido que la C. Valenciana esté respetada como origen de propuestas técnicas solventes.
Pero llevamos desde 2014 con un modelo caducado.
Sí, claro. Va para cinco años de prórroga y esto es insostenible, no se puede aguantar. Pero la decisión es del Gobierno, no de la C. Valenciana, que lo que tiene que hacer es decir y repetir la situación.
¿Cómo calificaría las mejoras aprobadas hasta ahora: los mil millones de deuda de corto a largo plazo, la asunción del agujero de la Marina (350 millones) y 250 millones de IVA que estaban en duda?
Estamos hablando de pasar del 0,1 al 0,3 de déficit, que es una medida que queremos. En lugar de votar a favor, nos abstuvimos en un primer momento, aunque queríamos que se aprobara, para dejar ver que es insuficiente. Si adicionalmente el actual ministerio tiene la sensibilidad de dar mejoras, entiendo perfectamente que se vote a favor.
Pero para algunos ese escenario no es suficiente.
Las historias políticas y las tensiones internas no son lo mío. ¿En qué perjudica el cambio del déficit a los valencianos? En nada. Les beneficia. No se está aprobando un nuevo modelo, sino un desplazamiento de déficit que se necesita para hacer el presupuesto de 2019. Si no es así, que todos renuncien a los 250 millones en sus presupuestos de gasto.
¿Puede haber nuevo sistema de financiación sin que haya más dinero para todas las autonomías?
Es difícil, pero podría haberlo. Al menos tiene que haber dinero para que todos los que estamos por debajo de la media mejoremos claramente. Sinceramente, creo que algunas comunidades tienen clara su posición y a lo que aspiran es a mantenerla. No más.
El frente de la España vacía acaba de hacer un acto en Zaragoza con seis comunidades. ¿La C. Valenciana está en desventaja frente a este bloque?
Nosotros tenemos una alianza clara con Andalucía y Murcia, buena sintonía con Baleares y hemos firmado documentos con Extremadura, La Mancha y está preparado uno con Aragón. El ruido político no representa la situación. Como teoría, las comunidades de régimen común deberían de mejorar todas hasta que lleguen a la situación de las de régimen foral. Si nos creemos eso de que todos somos iguales...
¿El escenario de que el Gobierno reduzca su cuota del pastel lo ve posible?
Es la única solución. Creo que lo tienen claro. Es sencillo: la recaudación tributaria se tiene que ajustar a las competencias de más trascendencia: sanidad, educación y protección social, con dos patas, pensiones y dependencia. Ese consenso es muy amplio. IRPF, IVA e impuestos especiales se han de distribuir con este criterio. Si resulta que a la Administración central hay que quitarle, que se haga.
Cataluña ha vuelto a la comisión. ¿Eso es bueno o malo para los intereses valencianos?
Es bueno para todos. Es un factor de estabilidad. De todas maneras, tal como está la dinámica, no creo que haya que esperar a Cataluña para hacer un nuevo modelo.
¿En qué año se da por satisfecho con una nueva financiación?
Estoy profundamente insatisfecho porque no esté en vigor en 2018. Era el año. 2017 era el de resolver la situación. Cualquier año posterior es más difícil por las elecciones y porque se agrava la situación.
