La Conselleria de Justica ha blindado un presupuesto para la memoria histórica de 9,4 millones de euros para los próximos doce años que no podrá ser modificado en caso de cambiar de gobierno. De aquí se nutrirá el banco de ADN que el president Ximo Puig anunció como compromiso en la recta final de la legislatura.

En Justicia no consideran que el coste vaya a ser alto, dado que la sede donde estará ubicado será de titularidad pública y no se requerirá una gran plantilla de personal. En el presupuesto que maneja Justicia para 2018 se asignó 1,2 millones para la Memoria Histórica, pero no estaba en la hoja de ruta inicial la creación de este ente.

En octubre firmarán con Sanidad el punto de partida para la creación del banco de ADN o el «registro de datos genéticos», como prefiere llamarle Manuel Polo, médico Forense del Instituto de Medicina Legal.

Polo da unas pinceladas de lo que debería ser la oficina de datos, que no solo contendrá información genética. En primer lugar, habrá que recopilar la información que faciliten las familias a través de una entrevista donde se revelen datos como la edad, acreditar un parentesco y conocer el perfil biológico. Después se hará el estudios antropológico y forense y, por último, la identificación genética.

Polo la considera una iniciativa «perfecta». Sin embargo, se muestra completamente en desacuerdo en que sean los profesionales de Sanidad los que vayan a realizar los análisis. Sencillamente, considera que el área que dirige Ana Barceló no tiene «ni capacidad técnica ni personal cualificado» para desarrollar un estudio así.

El principal argumento de Justicia es que el Instituto de Medicina Legal no puede realizar análisis de exhumaciones a menos que haya una orden judicial. Sin embargo, Polo remite al protocolo de actuación en exhumaciones publicado en el BOE en 2011 donde se hace referencia a que la apertura y el tratamiento de las fosas requiere de la intervención de «historiadores, arquólogos y especialistas forenses», y añade que se procurará «la participación de los Institutos de Medicina Legal». Y añade otra ley más: la valenciana, de noviembre de 2017, donde en su artículo 12 reconoce que la creación del banco de ADN dependerá del mismo instituto.

Cruzar los datos estatales

Los familiares de las víctimas son los que mejor recibieron el anuncio. La promulgación de la ley fue un logro para Santiago Vallés, presidente de la Asociación de Familiares de la Fosa 113 de Paterna. Sin embargo, en ocasiones se ha ejecutado con lentitud y una vez comprometidos a activar el banco de ADN, Vallés va más allá y espera que los datos recopilados se crucen con los de otras comunidades autónomas. En la fosa 113, donde se encuentra su tío abuelo, hay fusilados de Granada, Madrid y Burgos.

Del 1,2 millones de euros en 2018, la conselleria de ha destinado 790.000 euros a localizar verificar y delimitar fosas, así como a la exhumación, identificación e inhumación de víctimas.

Con los 480.000 euros restantes se creará el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, Derechos Humanos y Libertades Públicas, con sede en Alicante. De aquí también se distribuyen las subvenciones a las asociaciones.

La publicación de la ley obligaba a la Generalitat a costear las excavaciones que hasta, como la identificación de ADN, corrían a cargo de los familiares.