Vaya por delante que este país tiene un dilema importante por resolver desde hace 40 años: si se estructura administrativamente por provincias, como heredó del siglo XIX, o por autonomías, un invento moderno que se ajusta más a la tradición histórica de distintos territorios, algunos de los cuales se identifican como nacionalidades (o naciones). O lo uno o lo otro, pero mantener dos redes que se superponen es, como poco, improductivo.
No obstante, lanzarse a una carrera contra las diputaciones a seis meses, como mucho, de la disolución de las Corts, sin un proyecto de ley firme y consensuado encima de la mesa ni una hoja de ruta negociada, despide un tufo preelectoral demasiado evidente.
En especial, si se tiene en cuenta que, aunque no han tenido a la justicia de su lado, los partidos del Pacte del Botànic no han puesto en marcha grandes iniciativas para vaciar las corporaciones provinciales, en especial, la de València, donde ocupan el gobierno.
El debate tiende a observarse además desde una óptica centralista valenciana que elimina muchos matices. Por ejemplo, la Diputación de Castelló recibía ayer el legado fotográfico de la compositora Matilde Salvador, que nunca ejerció de referente hiperlocal, sino que es considerada figura importante de la cultura valenciana del siglo XX. Algo quiere decir.
La Generalitat vio frenado, a causa de los recursos de las diputaciones de Alicante y Castelló (en manos del PP), su proyecto para «coordinar» (una forma de decir asumir) las competencias provinciales de turismo y deporte.
A partir de ahí, pocas aventuras más. Sí han financiado parte de Xarxa Llibres (para la gratuidad de los libros de texto) y la de València ha aportado fondos para arreglos menores en colegios y la reforma y creación de un puñado de centros de salud y de servicios sociales. Está además la puesta en marcha del anhelado Fondo de Cooperación municipal.
Es decir, colaboración entre Generalitat y las diputaciones (la de València, en especial), ha habido. Otro asunto es el traspaso de competencias. Ahí solo ha habido declaraciones. Hechos, no.
Visto desde fuera, no se sostiene que en 2018 la Diputación de València tenga un hospital (el General), un psiquiátrico, distintos museos en la capital (el MuVIM y los reunidos en el centro de la Beneficència) o las escuelas de adultos. Se suponía que la sanidad, la educación, la dependencia y la cultura eran competencias autonómicas.
En el caso de los museos y el Psiquiátrico de Bétera, la diputación manejó informes jurídicos que concluían que se trata de «competencias impropias» y, por tanto, transferibles. No se ha hecho nada. Aunque en algunos casos las áreas en uno y otro lado están en manos de políticos de los mismos partidos. Cultura, por ejemplo, tiene gestores de Compromís tanto en el Consell como en la diputación.
El gran obstáculo, y que casi todos omiten, es el del personal. ¿Cómo asumir por la Generalitat una plantilla que, en general, tiene retribuciones algo más elevadas? Lo lógico sería igualar por arriba, pero el boquete en las agujereadas cuentas autonómicas sería astronómico. Así que el debate no pasa del salón cada vez que se abre.
El actual, más vigoroso y abierto, está condicionado por el cercano horizonte electoral. Si los partidos del Botànic van en serio, más realista sería firmar un compromiso de acción en este campo para la siguiente legislatura. Si gobiernan, claro.
