Divalterra (antigua Imelsa) dio ayer un paso importante para su reconversión al aprobar cambios internos de calado pero sin que ninguno de ellos suponga la disolución a la que supuestamente aspiraban los gestores de la izquierda.
La empresa pública de la Diputación de València, que tiene encomendado el impulso económico de los municipios, es tristemente conocida por ser uno de los epicentros de la corrupción en la etapa popular, aunque también ha acabado salpicando a los actuales responsables, entre ellos, a Jorge Rodríguez, quien tuvo que dimitir tras la operación Alquería. El futuro de Divalterra se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza y es fuente de tensión entre los socios de Gobierno.
Digerido ya el traumático relevo en la presidencia, el consejo de administración de la entidad aprobó ayer una nueva composición que reduce la representación política al pasar de siete a cinco (uno por partido) y dar entrada a siete funcionarios de la casa, incluida la persona responsable del comité de empresa.
Un intento de «profesionalizar» la dirección de esta empresa de la que se borra la cúpula de la institución provincial. Así, ni el presidente Toni Gaspar ni la vicepresidenta Maria Josep Amigó estarán ya en el consejo.
Los cambios aprobados no se quedan ahí. Divalterra reduce su organigrama. Solo habrá una gerencia (antes había dos, aunque están vacantes desde el terremoto de la operación Alquería) y la dirección de asuntos jurídicos queda reconvertida en la dirección de cumplimiento normativo, una figura de nuevo cuño encargada de vigilar internamente la empresa para evitar nuevos caso de corrupción.
Según las fuentes consultadas, la idea es que la gerencia tenga un perfil técnico. Por encima habrá un consejero delegado que dependerá del nuevo consejo de administración, pero que también será un funcionario. Una despolitización en toda regla, que se completa por una apuesta decidida por establecer un sistema de prevención del delito, el conocido como Compliance.
La transformación del área jurídica, de la que dependerá la trasparencia y la auditoría interna, no llevará necesariamente aparejada un relevo de personas. El nuevo cargo de director de cumplimiento está pendiente de designación, aunque el actual responsable jurídico, José Luis Vera, es quien cuenta con más opciones para ser elegido. Su perfil encaja como anillo al dedo ya que es especialista en esta doctrina jurídica. Además de contar con el respaldo del PSPV.
La diputada Rosa Peris presentó en el pleno un enmienda a la propuesta para que el nuevo agente antifraude sea eligido a través de un procedimiento de libre concurrencia. Con todo, en la resolución aprobada ayer consta que se da prioridad a personas «formadas» y con «prestigio» que formen parte de la empresa. En caso de no haber candidatos se acudirá a un concurso.
En principio, la eficacia de este cargo pasa por lograr que sea independiente del poder. Cabe apuntar que será responsable penal de lo ocurra en la empresa. Por ello, su cargo estará blindado durante seis años. En este periodo puede ser revocado, pero para ello se necesita una mayoría reforzada del consejo de administración.
Durante el pleno, Peris pidió también que se rebajara la primera propuesta (cuatro quintos para la destitución) al considerarla excesiva. Finalmente, y con apoyo de los grupos se decidió que en caso de revocación del cargo sea necesario una mayoría cualificada de dos tercios.
El acuerdo supone un paso clave en el proceso de limpieza de una empresa ensombrecida por la corrupción. Aunque en etapa final del PP, con Rafa Soler como gerente, se había aprobado ya un plan de actuación contra la corrupción (se encargó a una empresa externa), este debía desarrollarse. Vera presentó hasta doce borradores, pero ninguno fue aceptado. Una vez designada, la persona responsable deberá aprobar un plan de actuación concreto y presupuestar las medidas. Su sueldo será equiparable al de un jefe de servicio.
