Acción cívica contra la corrupción ha solicitado personarse como acusación popular en los casos Alquería e IVAM que investigan una presunta malversación en Divalterra a través de siete contratos de alta dirección y en la gestión del IVAM, cuando ambas instituciones estaban dirigidas por Jorge Rodríguez y Consuelo Císcar, respectivamente.
En la investigación del Caso Alquería, el titular del Juzgado de Instrucción 9 ya ha aceptado la personación de la asociación que preside Antonio Penadés. Aunque les advierte que «no tendrán acceso a las actuaciones ni intervención en las diligencias que se practiquen, en tanto se mantenga su secreto».
En el Caso IVAM, la jueza de apoyo de Instrucción 21 que instruye la causa ha solicitado a Acción cívica contra la corrupción «la escritura de constitución de la asociación y estatutos de la misma» antes de decidir si acepta o no su personación en la causa como acusación popular. En esta causa, al estar ya iniciada, Acción cívica solicita que se la exima de pagar fianza para poder ejercer la acusación o que, en el caso de acordarla, sea «de cuantía inferior» ya que son una entidad sin ánimo de lucro.
Acción cívica contra la corrupción justifica su petición de personación en que los fines de la entidad son «de manera concreta y específica ayudar a fiscales y jueces a limpiar las instituciones del Estado con instrumentos a nuestro alcance, en especial mediante el ejercicio de la acusación popular en procedimientos de corrupción política».
La entidad que preside el abogado, escritor e historiador Antonio Penadés, también está persona en varias piezas del Caso Taula y también impulsó la acusación que logró la primera condena a seis años de cárcel al exconseller Rafael Blasco, por el desvío de las ayudas a la Cooperación.
