La Conselleria de Hacienda negocia con el Ejecutivo de Pedro Sánchez nuevas mejoras para la Comunitat Valenciana en el marco de los nuevos presupuestos generales del Estado para 2019. Conversaciones, cuyo contenido no han trascendido, pero que coinciden en el tiempo con otras negociaciones que el Gobierno central está llevando a cabo con distintas autonomías y que, en el caso de Cataluña, se ha saldado con el compromiso de inyectar a la comunidad vecina 1.400 millones de euros en «concepto de deudas pendientes». En concreto, el Gobierno pagará a Cataluña 759 millones por «el déficit inversor correspondiente a 2008» y otros 700 por pagos pendientes por la integración de la policía autonómica de Cataluña en el modelo de financiación. Será un pago a cuatro años, pero en las nuevas cuentas Cataluña tendrá asegurados ya 300 millones.
La lluvia de millones a Cataluña obliga a fijar la mirada en la Comunitat Valenciana y en el Consell, que confía en que las futuras cuentas públicas (si llegan a aprobarse) no les dejen, como otros años, en una situación de claro ninguneo. Ximo Puig logró en el último consejo de política fiscal un gesto: la asunción por parte del Gobierno de 350 de los 477 millones de la deuda que arrastra La Marina Real. Sin embargo, el Consell espera más. La mejora podría concretarse en el capítulo de inversiones, aunque no necesariamente limitarse a este aspecto.
En todo caso, el pacto con Cataluña no hace sino evidenciar hasta qué punto el Consell perdió en su momento el tren cuando reformó su Estatuto de Autonomía. La clausula inversora que ideó Cataluña en su Carta Magna y que luego copió Andalucía no es vinculante, pero en la práctica ha servido para que ambas autonomías fueran tenidas en cuenta en el reparto de la tarta presupuestaria. Andalucía ha salido ganando claramente, según los cálculos realizados por este diario y Cataluña, no siempre. Sin embargo, los olvidos serán resarcidos.
El acuerdo alcanzado el martes en el marco de la comisión bilteral Cataluña-Estado tiene enjundia ya que el Gobierno viene a admitir que tenía una deuda de 759 millones con Cataluña por no haber plasmado el contenido de la disposición adicional tercera: la que reclamaba que durante siete años se invertiría en Cataluña un porcentaje equivalente a su contribución al PIB.
El gobierno catalán acudió en su día a la Audiencia Nacional para exigir una deuda que fue reconocida en una comisión bilateral en 2011, pero el alto tribunal desestimó la petición. Cataluña recurrió y el Gobierno central se apoya en sentencia del Supremo de noviembre de 2017 que revocó la decisión de la Audiencia y dio validez al acuerdo alcanzado.
Aunque el Constitucional dijo en su día que estas disposiciones no vinculaban al Estado, la práctica parece apuntar a otro lado. El entonces presidente Francisco Camps no quiso en su momento soliviantar al Gobierno de Rajoy y optó por una disposición genérica (conocida como cláusula Camps) cuya ineficacia ha sido evidente. Con Zapatero en la Moncloa, el PP impulsó una reforma para incorporar la fórmula catalana, pero esta reforma sigue, doce años después, pendiente de aprobar. El Estatuto valenciano tampoco creó el órgano específico bilateral que ha permido un tú a tú con el Gobierno central y cuyos acuerdos si son vinculantes.
El pacto con Cataluña, que evidentemente tiene un fuerte contenido político (avanzar en un diálogo que rebaje la crispación por el proceso soberanista), redobla la presión sobre el Consell y, en especial, sobre el PSPV. Unos presupuestos que en materia inversora volvieran a dar la espalda a la Comunitat Valenciana dejarían en mal lugar la siglas y sería una nueva fuente de discordia, ya que Compromís reforzaría su perfil reivindicativo.
