Nunca la Audiencia Nacional habría reabierto la pieza del caso Gürtel que investiga la contratación por parte de la Generalitat a la filial valenciana del entramado empresarial de Francisco Correa de una guía de la comunicación y un pendrive que se iba a utilizar como regalo institucional si el promotor alicantino Enrique Ortiz no hubiera llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Un pacto por el que no sólo se convirtió en el primer empresario que admitía haber financiado al PP a cambio de librarse de la prisión sino que mostró el camino a seguir al resto de los «mecenas» acusados. Pero la confesión de Ortiz fue mucho más. Fue el golpe de gracia que propició las sucesivas confesiones. Pimero fue Correa, que en su confesión acorraló a Costa pero dejando claro que la llegada de sus tentáculos empresariales a Valencia a través de Álvaro Pérez fue cosa de Camps. Después, más tibio, el número dos de la trama, Pablo Crespo. Y a continuación, ya sin pelos en la lengua, El Bigotes, quien aseveró sin pestañear que «en Valencia sólo mandaba uno», en alusión a su otroara amiguito del alma.
