El juez del Caso Taula ha decidido recabar más información y solicitar más informes a la Tesorería de la Seguridad Social y a diversas entidades bancarias de la empresa sospechosa de haber sido utilizada para el presunto cobro de mordidas por el contrato del servicio de atención telefónica tributaria o «call center» de la Diputación de Valencia. En esta pieza separada del Caso Taula el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan por malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad a Alfonso Rus, el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, y diversos funcionarios de la Diputación de València e Imelsa. La investigación arrancó tras confesar el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, que el «call center» se adjudicó a la empresa Servimun presuntamente por la amistad de un funcionario de la Diputación de València, Salvador Deusa, con Mariano López.

El «centro de atención multicanal a los contribuyentes» de la Diputación de Valencia se «externalizó» en 2012, mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local, SA). La privatización del «call center» a través de la adjudicación a la empresa Servimun, el 20 de mayo de 2013, se justificó desde todas las instancias de la institución provincial, entonces dirigida por Alfonso Rus, como una manera de mejorar el servicio de atención telefónica tributaria a los contribuyentes.

En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil ha detectado pagos realizados por Servimun a la mercantil con sede en Xàtiva Técnicas Legales Administrativas SLU, propiedad de la cuñada de Mariano López. La empresa se creó el mismo año que se adjudicó el «call center» a Servimun y sus ingresos cesaron cuando el servicio de atención telefónica fue recuperado por la Diputación de València.

De hecho, las investigaciones de la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil han detectado que el principal cliente de Técnicas Legales Administrativas era Servimun de quien recibió 145.000 euros. Por eso ahora el juez, a petición de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, pretende conocer los empleados y la actividad real de la empresa a través de movimientos bancarios y la información tributaria.